Las obras de teatro están estructuradas en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Además, deben contar con un reparto de actores principales, secundarios y figurantes. El desarme de ETA cuenta también con su planteamiento, que se podría situar en la Conferencia de Aiete y el anuncio del fin de su actividad armada; un nudo, que serían los cincos años transcurridos desde ese 20 de octubre de 2011; y el desenlace, el que se vivirá el 8 de abril en Baiona con el Día del Desarme.
Por lo que respecta a los actores, son muchos los que han intervenido en esta función. Desde los componentes del Grupo Internacional de Contacto (GIC) encabezado por el abogado Brian Currin, que fueron actores principales en el planteamiento; la Comisión Internacional de Verificación (CIV) liderada por Ram Manikkalingam, que ha jugado un papel importante en el nudo; y los denominados Artesanos de la paz, que han tomado el protagonismo de cara al desenlace de la obra. Junto a ellos, y no menos importante, hay que destacar el papel otorgado a los gobiernos vasco y navarro. Por último, el papel de figurantes podría estar representado por los Ejecutivos de Madrid y París. No porque no sean determinantes, que lo son, sino por la actitud mantenida a lo largo del último lustro. Primero fiaron el desarme a la actuación de las Fuerzas de Seguridad y ahora, cuando está a punto de caer el telón, han decidido ponerse de perfil a la espera de los acontecimientos.
Grupo de currin Liderado por el abogado sudafricano Brian Currin, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), del que también formaban parte el secretario general de Interpol entre 1985 y 2000, Raymond Kendall, y el profesor israelí Alberto Spektorowski, fue el encargado de cimentar la pista de aterrizaje para que ETA anunciara el fin de su actividad armada. El último balizaje de esta pista fue la Conferencia de Aiete celebrada en el palacio donostiarra el 17 de octubre de 2011. Con la participación de los principales partidos políticos vascos, salvo el PP, así como sindicatos y entidades sociales, en la trastienda del evento tuvo un especial protagonismo Jonathan Powell, que había sido jefe de gabinete de Tony Blair. La declaración que salió de la conferencia estuvo respaldada por cinco personalidades internacionales que acudieron a Donostia para dar con su presencia en Aiete un impulso al proceso. Kofi Annan, Gerry Adams, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland y Pierre Joxe fueron las cinco personas que rubricaron un documento en que se pedía de ETA una declaración pública de cese definitivo de la violencia y se instaba a adoptar pasos para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas y reconocer el dolor causado. El guante lo recogió ETA apenas tres días después cuando el 20 de octubre de 2011 puso punto y final a más de cinco décadas de actividad armada.
Los verificadores La Comisión Internacional de Verificación (CIV) se constituyó el 28 de septiembre de 2011, en principio para verificar el “alto el fuego permanente y general” que había decretado ETA en enero de ese mismo año. Sin embargo, apenas un mes después de la creación de la CIV, la organización armada decretó el final de su actividad, por lo que la comisión pasó a gestionar principalmente el desarme de la banda.
La comisión está integrada por personas de prestigio internacional que han intervenido en conflictos como el de Sri Lanka, Irlanda o Colombia. El grupo está liderado por Ram Manikkalingam, director del Dialogue Advisory Group con sede en Amsterdam. Manikkalingam fue asesor de paz del presidente de Sri Lanka Chandrika Kumaratunga, y ha trabajado en la resolución de conflictos en Irak e Irlanda de Norte, donde tuvo un importante papel en el desarme del INLA.
Junto a él, otros miembros destacados del grupo son el sudafricano Ronnie Kasrils, que tras el fin del Apartheid ejerció de viceministro de Defensa y posteriormente ministro de Aguas y Bosques y de Inteligencia; o Chris Maccabe, que fue el encargado de asuntos políticos del Reino Unido durante las negociaciones que desembocaron en los Acuerdos de Viernes Santo que supusieron el final de la actividad del IRA.
A lo largo de estos años, la CIV ha mantenido un trabajo discreto, del que, sin embargo, siempre ha tenido al corriente al Gobierno Vasco. Años en los que ha sufrido reveses, como el acontecido en febrero de 2014, cuando dieron a conocer que ETA había sellado y puesto fuera de uso una parte de su arsenal. Lo cierto es que lo que se anunciaba como una gran noticia acabó convirtiéndose en un tremendo fiasco por la ínfima cantidad de armas que habían quedado en desuso.
Por si no fuera poco, tras la comparecencia ante la prensa en un céntrico hotel de Bilbao, tres miembros de la CIV -Manikkalingam, Kasrils y Maccabe- fueron llamados a declarar ante la Audiencia Nacional por el juez Ismael Moreno. El 23 de febrero de 2014, los tres acudieron a Madrid, hasta donde también viajaron el lehendakari Iñigo Urkullu y el secretario vasco de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, para trasladarles el apoyo del Ejecutivo vasco a su trabajo. Ram Manikkalingam, que estuvo casi una hora declarando ante el magistrado, leyó una declaración a la salida de la comparecencia en la que reiteró su labor “desinteresada” en aras de la “pacificación”. El presidente de la Comisión Internacional de Verificación insistió en que su grupo está integrado por “profesionales” con una gran experiencia y prestigio en la resolución de conflictos y que habían acudido a la Audiencia Nacional para colaborar con el juez Ismael Moreno al que, sin embargo, no dieron ningún detalle del encuentro que habían mantenido con dos miembros de ETA, encuentro que fue grabado en vídeo y en el que los miembros de la banda y los verificadores hacían recuento de las armas que supuestamente iban a quedar inutilizadas.
Los ‘artesanos de la paz’ Un paso importante para llegar al desenlace de esta obra se produjo en diciembre del pasado año. En la localidad de Luhuso, a unos 30 kilómetros de Baiona, fueron detenidas cinco personas -Txetx Etcheverry, Michel Berhocoirogoin, Stephane Etxegarai, Mixel Bergougnan y Beatrice Molle- cuando se disponían a inutilizar “alrededor del 15%” del arsenal de ETA.
Tras ser trasladados a París, los cinco fueron puestos en libertad pese a que las Fuerzas de Seguridad les presentaron en un primer momento como “miembros de ETA”, lo que fue desmentido incluso por el propio juez antiterrorista ante el que tuvieron que declarar.
Según explicaron ellos mismos, ante la “situación absurda” de bloqueo, ETA aceptó la mediación de estas personas de la sociedad civil, a quienes transfirió la “responsabilidad política y técnica del desarme”. El inmovilismo demostrado tanto por el Gobierno de Rajoy como por el Ejecutivo francés hizo que estas personas, denominadas Artesanos de la paz , decidieran, incluso poniendo en riesgo su seguridad jurídica, tomar las riendas del proceso.
El último paso, mejor dicho el penúltimo, se produjo el 17 de marzo cuando Txetx Etcheverry, en una entrevista concedida al diario Le Monde, aseguró que el 8 de abril ETA sería ya una organización totalmente desarmada. El proceso de desarme se encaminaba así a su desenlace final, a la espera de la actitud que iban a tomar los ejecutivos español y francés ante este importante anuncio.
Cuatro gobiernos, dos posturas En esta obra han jugado también su papel cuatro gobiernos -vasco, navarro, español y francés- que, sin embargo, han mantenido posturas diferentes. Por lo que respecta al Ejecutivo vasco, el lehendakari Urkullu y su mano derecha en cuestiones de paz, Jonan Fernández, han trabajado para facilitar un desarme definitivo, legal, verificable y sin contrapartidas para encarrilar el final ordenado de la violencia de ETA. Por ello, Lakua ha mantenido un contacto fluido con los verificadores, a quienes ha trasladado de forma continua el apoyo a su labor. En similares parámetros se ha situado el Gobierno de Nafarroa. Uxue Barkos, con el respaldo del cuatripartito que apoya su Ejecutivo, se ha posicionado en infinidad de ocasiones a favor de un final ordenado de la violencia en Euskadi.
En el otro lado de la balanza hay que colocar a los Ejecutivos de Madrid y París. El gabinete de Hollande ha hecho seguidismo de las directrices marcadas desde Moncloa, con quien la colaboración policial ha sido máxima. Mariano Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno español apenas dos meses después de que ETA anunciara el fin de la lucha armada pero, en lugar de aprovechar el viento a favor, a lo largo de los más de cinco años transcurridos desde entonces ha optado por una postura inmovilista apostando únicamente por la vía policial. El pasado 14 de marzo, se reunió con el lehendakari, a petición de este, para que Urkullu le informara de los acontecimientos que estaban en marcha, entre ellos el anuncio que iba a realizar Etcheverry en Le Monde poniendo fecha al desarme total.
“Este Gobierno se ajustará a ley”, señaló Rajoy tras el anuncio del artesano de la paz. Lo cierto es que la posición ha variado y el Ejecutivo español ha dado por bueno el desarme y no prevé intervenir. Por lo que respecta al Ejecutivo galo, una vez más ha seguido el camino trazado por Madrid.
