Bilbao - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido la demanda de la familia de Ramón Romeo para que sea extraditada a España la exmiembro de ETA Natividad Jáuregui. La familia recurrió a este tribunal tras la negativa de la Justicia belga a entregarla en cumplimiento de la petición de la Audiencia Nacional por los indicios de que fue partícipe del asesinato en 1981 de este teniente coronel. La admisión de la demanda por el tribunal con sede en Estrasburgo, la primera que se eleva a este órgano por los familiares de una víctima del terrorismo, fue confirmada en su cuenta de Twitter por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
La familia de Romeo anunció el pasado 17 de enero la interposición de esta demanda en un acto celebrado en la Fundación de Víctimas del Terrorismo que contó con la presencia de su presidenta, Marimar Blanco, y la del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez. En noviembre de 2014, la hija del teniente coronel, Carmen Romeo, remitió una carta de protesta al Tribunal de Casación belga que se había opuesto a la extradición a España de Jáuregui, acusada por la Justicia española de haber cometido seis asesinatos en 1981 como miembro del comando Vizcaya.
Ramón Romeo, que ya había sobrevivido a otro atentado en 1978, recibió el 19 de marzo de 1981 un tiro en la nuca, falleciendo tras pasar varios días en coma. La Justicia española investiga a Natividad Jáuregui, alias Pepona, por ser la que realizó aquel disparo en unos hechos por los que José Antonio Borde, Sebastián Echániz y Enrique Letona fueron condenados en 2007 a sendas penas de 28 años de cárcel.
Jáuregui, sin embargo, no ha sido juzgada porque lleva desde entonces fugada de la Justicia, tras huir en primer lugar a México. En Bélgica rehizo su vida y la orientó hacia el mundo de la cocina. “Es una provocación que esta asesina con todas las letras viva allí como una reina”, dijo el pasado martes Carmen Romeo.
El Ministerio del Interior ha realizado diversas gestiones ante la Fiscalía belga para que autorizara un nuevo proceso judicial, lo que el pasado mes de agosto fue una vez más rechazado. La Justicia de dicho país rechazó por primera vez su extradición en 2013, cuando la presunta etarra fue detenida en Gante, aludiendo a la “posibilidad de que sus derechos fundamentales no se vean respetados”. A la última petición de la AN se adjuntó un apartado específico con datos que garantizaban la defensa de los derechos humanos. - E.P.
