madrid - La Dirección General de la Policía española ha respondido esta semana al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que no conserva copia ni en papel ni en formato digital del informe sobre el chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA, que se produjo en 2006, más conocido como el caso Faisán al que se refirió en una entrevista el que fue director adjunto operativo (DAO) hasta su jubilación en junio de 2016, Eugenio Pino.
Del documento elaborado por la extinta Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) sobre el caso Faisán solo se conservaron dos copias en papel después de que el ex número dos de la Policía Eugenio Pino ordenara borrar el resto de versiones, según explican fuentes policiales. Estas dos copias fueron remitidas en su día a Eugenio Pino y al entonces hombre de su máxima confianza Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos.
De la Mata tomó declaración a ambos recientemente en el marco de la investigación sobre el patrimonio de la familia de Jordi Pujol ante las dudas suscitadas sobre las pruebas aportadas por la Policía. Martín Blas explicó ante el juez que la Unidad de Asuntos Internos guardaba registro de todas las diligencias practicadas.
La actual Dirección General, sin embargo, ya ha contestado al magistrado que no ha sido así con el caso Faisán y que, por tanto, no puede atender a su solicitud de remitir con urgencia el informe del chivatazo, según explican fuentes jurídicas. De la Mata también solicitó que se identificara a los agentes de la BARC que elaboraron este documento.
Las citadas fuentes han explicado que la Dirección General de la Policía se limita a aludir a la BARC, desmantelada por el actual director operativo, Florentino Villabona, como la autora del dossier al que se refirió Eugenio Pino. También habló de otros dos documentos secretos sobre Marta del Castillo, que Interior dice que no existe, y sobre los atentados del 11-M, el único que ha aparecido y ya ha sido archivado al ser considerado irrelevante por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El del caso Faisán es un informe de más de cien páginas que utilizó un programa informático avanzado para analizar el cruce de llamadas de los implicados en este chivatazo a la red de extorsión de ETA que tenía como base el bar Faisán de Irun.
Este análisis ya fue aportado al proceso judicial en el que fueron condenados el jefe superior de Policía de la CAV, Enrique Pamies, y el inspector jefe José María Ballesteros. En aquella ocasión, sin embargo, se utilizó otro sistema de rastreo menos preciso.
‘impuesto revolucionario’ La versión de la Policía que dirige en la actualidad Germán López Iglesias es que no ha quedado ninguna otra copia en los ordenadores de la Brigada de Análisis y Revisión ya que la agente al frente de esta brigada, Nuria Mazo, recibió una orden directa de Eugenio Pino para que se eliminaran todas a excepción de las dos en papel.
El pasado 14 de febrero, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció que estaba “sorprendido” por la alusión de Eugenio Pino a tres informes secretos. Ante las reiteradas preguntas de los periodistas, Zoido detalló que del caso Faisán se habían realizado dos copias en papel. “A ver si me lo traen”, sostuvo Zoido antes de añadir que la Policía tenía “instrucciones concretas para despejar estas dudas”.
Los investigadores que han revisado las pesquisas realizaron un volcado de todos los movimientos telefónicos que obran en el sumario en unos nuevos programas informáticos para cruzar datos. La revisión estaba centrada en conocer si había manera de identificar a más implicados y también identificar al que dio la orden a Pamiés y Ballesteros. Durante toda la instrucción se investigaron números de teléfono que mantuvieron contacto con los condenados en vísperas del chivatazo. Como señala la sentencia, aquel día los condenados contactaron con el dueño del bar Faisán, el ya fallecido Joseba Elosua, para advertir de que se iba a producir una operación contra el aparato de extorsión y recaudación del denominado impuesto revolucionario de ETA. - Europa Press