se acabó el florete y la complacencia. Empieza la guerra. Y todo por culpa de esa putrefacta corrupción que ensucia peligrosamente el escenario parlamentario. Ha bastado que Mariano Rajoy volviera a jugar con fuego, desafiando con una postura escapista su compromiso contra las malas prácticas en el ejercicio de la política, para que el resto del Congreso toque a rebato. Ya está la revuelta armada. Fue suficiente contemplar cómo Irene Montero aceptaba gustosa en el propio Congreso la incitación al diálogo de un Ciudadanos muy ofendido para entender rápidamente que la rebelión va en serio y el PSOE no va a quedarse atrás porque le interesa más que nunca exhibir músculo de oposición al Gobierno. El PP queda atrapado, así, en el carrusel imparable de sus propias vergüenzas hasta comprometer al límite de la verdad la palabra de su presidente. La obstinación por mantener en el cargo al presidente de Murcia es una levedad si se compara con la carga de profundidad que entrañan los nuevos papeles acusadores de la financiación ilegal de la poderosa organización de Madrid. Aquel tamayazo que cambió el rumbo de la política en el corazón de España no ha escrito su última línea.

La hostilidad empieza a detectarse en los corrillos del hemiciclo. Paradójicamente, la convulsa vida interna de los socialistas en el Congreso se antoja ahora mismo una pantomima comparada con la magnitud de la brecha incendiaria abierta entre los periodistas y Podemos y la incipiente cruzada que se asoma contra los populares mientras se sigan obstinando en atrincherarse ante el dedo acusador de sus múltiples corruptelas internas. La legislatura se vuelve aguerrida sin que prosperen, en cambio, iniciativas de calado social, la auténtica asignatura pendiente para calibrar cuál es el músculo real de tanta variopinta oposición frente a la soledad del PP. Bastará escrutar los primeros aldabonazos de la comisión de investigación sobre los desmanes políticos de Jorge Fernández Díaz en sus años de temible ministro del Interior -toda una prueba para examinar la paciencia y templanza de Mikel Legarda- para comprobar la resistencia de los populares cuando se pone a prueba su dentadura democrática. Mientras, en Catalunya se desparrama la credibilidad del procés ante los porcentajes de las supuestas mordidas de Artur Mas y Convergència. Ni siquiera el milagro del Camp Nou ha desviado apenas una mañana de despertar ilusionante la atención sobre el juicio contra las aberrantes desvergüenzas en torno a la financiación del clasista Palau. El nacionalismo moderado que gobernó la Generalitat durante décadas se asoma al abismo de la corrupción acribillado por los datos de su pillería. Una vez derribado con estupor el mito del buen gobierno del pater familias Pujol, la mirada incriminatoria se fija en su sucesor. No sería edificante que una vez sentado en el banquillo recurriera al método infanta Cristina y desviara las responsabilidades a la cocina de Convèrgencia. Tampoco extrañaría una evasiva de tal cobardía porque, en la vista de la convocatoria del referéndum del 9-N, Mas no dudó en atribuir la culpa a los técnicos de la consulta. Ahora bien, es nula la diferencia entre el comportamiento de Rajoy y de Mas cuando les aprieta el zapato de la corrupción. En este caso, la condición moral no entiende de nacionalismos.

Demasiada crispación para un análisis racional. Ocurre en el mundo de la justicia, donde no acaba de desaparecer la fundada sospecha de la presión política sobre los entornos de magistrados y fiscales. A tal punto llega la sospecha que el ministro Rafael Catalá se desgañita para negar a la mayor la mínima intimidación sin que al hacerlo se le mueva un músculo de la cara. En los pasillos de los juzgados, la risa va por barrios según de qué lado haya caído el dado. En Euskadi, nadie es capaz de negar una cierta influencia política de proximidad al Gobierno central en el nombramiento de la excelente jurista Carmen Adán como fiscal superior del País Vasco, que se lleva por delante su nulo conocimiento del euskera a pesar de que el dominio de esta lengua es un mérito explícito en el proceso de designación y de que fue la peor puntuada por el consejo de fiscales. En medio de este magma provoca hilaridad que se proclame la necesidad de un pacto de Estado por la justicia porque es imposible siquiera propiciar un acercamiento. El ambiente se ha vuelto a dinamitar en apenas unos días. Quizá la combustión estaba preparada y sólo se necesitaba la mecha. A cubrirse.