Madrid - La instrucción de los papeles de Bárcenas concluyó el pasado 23 de marzo de 2015 cuando el entonces juez instructor, Pablo Ruz, quien consideró acreditado que el PP “se sirvió durante 18 años” (desde 1990 hasta al menos 2008) de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas.

En un auto de 190 folios, el juez concluyó que existen “indicios sólidos y fundados” para llevar a juicio a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta (exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida) y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

Ruz consideró al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica, y propuso juzgar a otras tres personas: los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.

El juez apuntó que en el “plano indiciario” el PP sería “responsable” de un delito contra la Hacienda Pública por “no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008”, pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, “no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos”.

Al dar por finalizada la investigación, Ruz archivó la causa para 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles. Lo hizo porque ninguno de los empresarios reconocieron haber pagado dinero al PP por contratos y no había ningún otro indicio contra ellos, pero este panorama ha cambiado después de las declaraciones en el juicio de García Pozuelo y Correa. El constructor pactó con la Fiscalía y confesó ante el tribunal haber pagado 1,5 millones en 2002 y 2003 a Bárcenas, Correa y el exdiputado del PP Jesús Merino a cambio de adjudicaciones públicas. - E. P. / Efe