madrid - Mariano Rajoy consiguió superar el examen de la investidura sellando un acuerdo con Ciudadanos que contemplaba una batería de medidas contra la corrupción que debían sustanciarse en tres meses. El plazo expiró ayer. Su cumplimiento ha sido muy desigual, y el PP ha dejado ver que no le seduce la idea de suprimir los aforamientos (que permiten que cargos como los diputados y los ministros solo puedan ser juzgados por el Supremo), ni de limitar el mandato del presidente español a ocho años o dos legislaturas. Los populares reconocieron ayer sin paños calientes que firmaron ese acuerdo en su momento para superar la investidura, pero que no entraron a valorar punto por punto si las medidas eran factibles. A pesar de ello, en Ciudadanos se mostraron ayer conciliadores tras la reunión con el PP y vaticinaron que se irán encarrilando los compromisos pactados. Lo que sí perfilaron ayer ambas partes es el impulso de la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, también opinó que el estado de salud del pacto es “bueno” y dijo que su partido quiere cumplirlo, pero respetando la legalidad. En una entrevista en Radio Nacional de España, dijo que, para comenzar a negociar el acuerdo de investidura, tuvieron que aceptar previamente seis condiciones “irrenunciables” para Ciudadanos, dado que estaba “en juego” la gobernabilidad del país. “No entramos a discernir cada uno de los puntos”, admitió. Según dijo, algunas de ellas requieren de una reforma constitucional y, por tanto, de la intervención de otros actores políticos. “No es que no queramos cumplir, es que ponemos sobre la mesa las dificultades”, sostuvo.

El pacto no atraviesa por su momento álgido en lo que se refiere a su nivel de cumplimiento. Una de las seis condiciones de C’s, por ejemplo, pasaba por apartar a los cargos imputados, algo que no se está produciendo en el caso de presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El PP pide apartar a los cargos cuando se abra juicio oral y la imputación sea formal, y no antes. C’s es el socio de Sánchez en Murcia, y este desencuentro está provocando tensiones que pueden desembocar en un adelanto electoral. La reforma de los aforamientos y la limitación de mandatos son los otros dos puntos que el PP no termina de asumir. Ayer condicionó la reforma de los aforamientos a que C’s le garantice que Podemos no va a forzar un referéndum para que los españoles validen ese cambio constitucional. Hay otras dos medidas que sí se han encarrilado, como la creación de una subcomisión para la reforma de la ley electoral, y la tramitación de una propuesta (aunque partió del PSOE) para prohibir indultos a corruptos y maltratadores. La comisión de investigación está en proceso, y el portavoz de C’s, Juan Carlos Girauta, dijo ayer tener “convicción” de que presentarán conjuntamente esa iniciativa la próxima semana después de una reunión de más de una hora con el portavoz popular, Rafael Hernando. Si no fuera así, avisó de que pueden aprobar esa comisión con otros grupos. Dijo que las seis condiciones están “encarriladas y avanzando”. - DNA