VITORIA - Tras una legislatura donde los trabajos avanzaron a fuego lento con comparecencias de expertos y movimientos preparatorios, la ponencia que busca un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi entrará en una fase decisiva en los próximos cuatro años, con la presentación de un articulado concreto y con su votación por parte de la ciudadanía vasca. Este viernes se retomará la tarea, cuando se constituya oficialmente esa ponencia en el Parlamento Vasco. PNV, EH Bildu, PSE y PP ya pusieron sus propuestas sobre la mesa la pasada legislatura, pero aún debe plantear la suya Elkarrekin Podemos tras su irrupción en las últimas elecciones autonómicas, lo que necesariamente va a abrir otro leve periodo de impasse en los trabajos. La coalición de izquierdas está ultimando una propuesta muy detallada y podría pedir alguna comparecencia más, de modo que necesitará tiempo y tiene pensado agotar los seis meses de margen que le han dado los partidos. Presentará su propuesta a finales del actual periodo de sesiones, que acaba en verano. Pero, ¿qué pasará a partir de entonces?
Según las fuentes parlamentarias consultadas por DNA, los partidos encargarán en ese mismo momento a otro organismo o entidad externa que alumbre un articulado con las propuestas registradas. Sería un documento de base, que después volvería a la ponencia para su debate. Hay tres opciones sobre la mesa. Por un lado, se baraja la puesta en marcha de una comisión de juristas, cuyos nombres serían propuestos por los grupos. Por otro lado, podría dejarse la tarea en manos de un organismo autónomo (por ejemplo, se cita a Eusko Ikaskuntza, cuyo nombre ya afloró durante las conversaciones de Loiola). La tercera opción pasa por que el Gobierno Vasco se encargue de dar forma al nuevo estatus. Sin embargo, esa vía tiene pocos visos de prosperar y se da casi por descartada porque podría no interesar realmente a nadie. Los jeltzales quieren evitar que algún grupo pueda desmarcarse del proyecto con el argumento de que es partidista o asegurando que el gabinete PNV-PSE puede arrimar el ascua a su sardina en la redacción. Otros grupos también podrían rechazar que se involucre el lehendakari Urkullu para no darle tanto protagonismo y que no pueda capitalizar la iniciativa.
Lo que en distintos ámbitos consideran muy complicado y poco operativo es que los propios grupos intenten realizar esa tarea en la ponencia parlamentaria ahora, sin paracaídas y sin contar con un documento previo, porque el debate quedaría pronto empantanado en consideraciones políticas y semánticas. De lo que se trata es de que un tercero elabore unas bases jurídicas, y sería a partir de entonces, con esos fundamentos, cuando los partidos podrían quitar y poner artículos en la ponencia, pero contando ya con esa base previa para facilitar la discusión, sin partir de cero.
derecho a decidir y ley Ya se ha producido algún tanteo informal a este respecto entre los grupos parlamentarios. Están abiertas tanto la opción de la comisión de juristas, como la del organismo autónomo y la vía del Gobierno Vasco, aunque todo parece girar en torno a las dos primeras. Lo que se da por hecho es que habrá encargo y será casi de inmediato, en verano. Uno de esos agentes redactará una propuesta, que recogerá planteamientos de todos los partidos. Una vez alumbrado el documento, ese organismo devolvería el testigo a los grupos parlamentarios, que trabajarían sobre esa base.
La mayor discrepancia política radica en cómo compaginar el derecho a decidir con el principio de legalidad. El derecho a decidir lo defienden PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos pero, a su vez, discrepan entre ellos sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con Madrid, o bien abrazar la vía unilateral si no hay entendimiento con el Estado, un planteamiento que defiende en exclusiva la coalición abertzale. Dentro del Gobierno Vasco, los socialistas aseguran que no tienen intención de comulgar con el derecho a decidir que plantean los jeltzales, aunque están abiertos al debate de todos los planteamientos.
Salvo por el PP, que no considera pertinente abordar el debate del nuevo estatus, sí existe una coincidencia generalizada en torno a la idea de que Euskadi amplíe su catálogo de competencias reclamando aquellas que están pendientes (incluido el traspaso íntegro de prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social). También hay coincidencia en torno a la necesidad de blindar las competencias para que el Estado no pueda socavarlas por medio de su legislación básica. A finales de enero, cuajó un consenso de mínimos entre PNV, Elkarrekin Podemos y PSE para pedir que se reactivara la ponencia aunando la voluntad ciudadana y el respeto a la legalidad. No obstante, el socialismo entiende ese respeto a la voluntad ciudadana como la consulta al uso que se produce al término de toda reforma estatutaria. El PNV quiere añadir algún mecanismo previo, que sirva para testar el apoyo ciudadano al nuevo estatus y que obligue al Estado a negociar sin alterar el espíritu del texto.
los ejes de podemos La expectación a corto plazo se centra en el documento que pueda presentar Elkarrekin Podemos. Tal y como ha podido saber este periódico, la propuesta aunará la capacidad de decisión de los vascos y el respeto al ordenamiento jurídico, y dedicará un amplio espacio a cuestiones sociales y a que el nuevo estatus garantice la igualdad entre mujeres y hombres, y un desarrollo sostenible en un contexto de emergencia por el cambio climático. Su propuesta también intentará abrir el debate sobre la arquitectura interna de la comunidad autónoma para que sea cercana y transparente. Aludirá igualmente a las sinergias que puedan articularse con Nafarroa e Iparralde.
Según explican fuentes de la coalición de izquierdas a este periódico, la propuesta va a girar en torno a los ejes de la enmienda a la totalidad que registraron en los prolegómenos de la votación de enero y que después fue pactada con PNV y PSE. En ella apostaban por el acuerdo entre diferentes, “plural identitariamente y transversal políticamente”; y contemplaban cuestiones no solo relativas al encaje territorial, sino vinculadas a los derechos humanos, los derechos sociales, la igualdad, el cambio climático, la transparencia, la capacidad de decidir de la ciudadanía “tanto en estas cuestiones como en todas las que afectan a la vida cotidiana”, y la puesta en valor del euskera y los vínculos con Nafarroa e Iparralde, “desde el más estricto respeto a la voluntad de su ciudadanía y sus marcos legales”. Sus portavoces serán Lander Martínez, Cristina Macazaga (secretaria de la Mesa) y Jon Hernández (Ezker Ani-tza), con José Ramón Becerra (Equo) como suplente.
