El Govern está preparando el sistema de recaudación de impuestos y todas las estructuras de Estado que necesitaría una Catalunya independiente, y tiene previsto celebrar un referéndum de secesión en verano o en septiembre a más tardar para romper amarras con España. En principio, no hay nada más en medio de esa sucesión de acontecimientos, salvo la respuesta judicial del Gobierno español de Mariano Rajoy para tratar de detener el proceso. Sin embargo, esta semana han regresado las especulaciones sobre una tercera vía para Catalunya, es decir, una oferta tentadora del Estado español en materia de fiscalidad y autogobierno que lleve a los políticos soberanistas a parar las máquinas y abandonar la hoja de ruta hacia la independencia. El PP dio pábulo a todo tipo de hipótesis al anunciar primero y desmentir después la existencia de contactos con el Govern para buscar una salida dialogada. El president Puigdemont también desmintió las negociaciones, aunque después trascendió que había tenido una cita con Rajoy en enero. En cualquier caso, la convicción más extendida es que existe poco margen para que cuaje esa tercera vía.
Rajoy no ha planteado de momento ninguna oferta concreta. En primer lugar, ha rechazado negociar el referéndum de independencia, y no quiere pactar la fecha ni la pregunta. Tampoco ha planteado una vía intermedia. No quiere acometer una reforma constitucional para mejorar el encaje del territorio en el Estado, ni ofrecerle un nuevo Estatut o un pacto fiscal similar al Concierto Económico vasco para que recaude sus propios impuestos. No se ve en el horizonte ninguna oferta extraordinaria a la que pueda agarrarse el Govern para revisar sus planes y justificar un viraje ante la sociedad catalana. Hay otros factores que complican ese cambio de rumbo del soberanismo, como el escaso margen de tiempo que queda hasta el referéndum, un puñado de meses para cambiar de discurso y alcanzar un principio de acuerdo con el Estado. En algunos ámbitos se habla ya de que Mariano Rajoy ha dejado pasar demasiado tiempo y llegaría tarde. Además, el ejecutivo de Junts pel Sí (la antigua Convergència, ERC e independientes de los movimientos sociales proconsulta) depende del apoyo externo de la CUP, que está presionando para cumplir los compromisos. Tampoco hay ninguna señal de negociación en un contexto marcado por la confrontación judicial contra los cargos soberanistas. Mañana mismo arranca el juicio contra el diputado Francesc Homs por la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Por encima de todos estos factores, hay una consideración previa: la presentación de una oferta del Estado no desactivaría el referéndum de independencia. En todo caso, pasaría de tener una pregunta (independencia sí o no), a tener dos (escoger entre la independencia y un nuevo encaje en España). La demanda de la consulta está ahora tan arraigada que será complicado desactivarla, y desde el Govern avisan de que no es canjeable por nada. Quieren dialogar, pero sin aparcar el referéndum. Rajoy ha avisado de que no quiere ni puede convocar una consulta. A su juicio, una comunidad autónoma no puede decidir por todos los españoles. El choque es frontal en ese punto, y es donde se produce el atasco en el proceso.
Voces del PP están tratando de conducir el debate hacia cuestiones técnicas y hacia el despacho de los asuntos ordinarios con el vicepresident Oriol Junqueras, que tiene una línea abierta con su homóloga española, Soraya Sáenz de Santamaría. Es ahí donde emerge la lista con las 46 peticiones que planteó Puigdemont en abril. Madrid dice que está dispuesta a dialogar sobre todas, salvo la primera, que alude al referéndum. Sin embargo, el president ha avisado de que el cumplimiento de esas demandas no sería suficiente porque son cuestiones que le debe Moncloa y que debería haber satisfecho hace años. Si Madrid solo ofrece eso, “es que no ha entendido nada”, advertía.
Situación delicada La lista está plagada de cuestiones económicas porque la tesorería catalana está en una situación delicada y tiene problemas para afrontar el pago a proveedores farmacéuticos y deudores. Se pide un compromiso con la financiación de la ley de dependencia, relajar el objetivo de déficit autonómico, que el Estado garantice el tipo cero en el préstamo del Fondo de Liquidez Autonómico, impulsar un nuevo sistema de financiación, que se transfiera la gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, invertir en infraestructuras como el corredor mediterráneo, que se respete la inmersión lingüística en las escuelas, y sellar las nueve transferencias pendientes, entre otras demandas.
Otras opciones más ambiciosas como el pacto fiscal también están descartadas. El presidente español expuso su criterio a finales de enero, cuando aseguró que Catalunya tuvo la oportunidad de tener un régimen propio en la transición democrática y no lo quiso, y que abrir ahora ese melón sería muy complejo. En concreto, Madrid ve dos obstáculos. Por un lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lleva semanas avisando de que no hay mucho dinero que repartir porque este año hay que recortar 16.000 millones de euros para cumplir los compromisos europeos. Además, Madrid ha abierto en paralelo el debate sobre la financiación autonómica de todas las comunidades, y las gobernadas por PP y PSOE están presionando para que no haya trato de favor con Catalunya. Al Govern no se le cede ni el 0,7% del IRPF, iniciativa propuesta recientemente por ERC en el Senado y vetada a finales de enero.
El pacto fiscal es una de las cuestiones nucleares en el descontento de la población catalana, donde ha calado el discurso del expolio por parte del Estado. En concreto, los soberanistas defienden que, a través de sus impuestos, los catalanes aportan más a Madrid de lo que reciben después en inversión estatal. Cabe recordar que el proceso soberanista arrancó en septiembre de 2012, cuando Rajoy le negó a Artur Mas ese acuerdo para un sistema de impuestos propio. Fue entonces cuando el expresident convocó elecciones y enarboló el derecho a decidir al entender que España no permitía que Catalunya mejorara su encaje. Poco antes se había producido el veto del Constitucional contra las partes de mayor calado político del Estatut. El agravio fiscal ha sobrevolado el debate todo este tiempo. Mas presentó en 2014 un informe según el cual el déficit fiscal oscila entre los 11.087 y los 15.006 millones, lo que supondría un 5,7 o un 7,7% del PIB catalán. Puigdemont presentó otro el año pasado, situando la cifra en los 14.623 millones, un 7,5% del PIB.
“los carga el diablo” Mariano Rajoy tampoco quiere abordar una reforma constitucional. Cree que sería muy complejo en un Congreso tan dividido y que, de todos modos, ni siquiera está garantizado que vaya a colmar las aspiraciones del Govern. Su convencimiento se hizo más fuerte cuando asistió al fracaso y dimisión del británico David Cameron por el triunfo de la salida de la UE en el referéndum del Brexit; y también del italiano Matteo Renzi, que vio cómo los ciudadanos tumbaban su propuesta de reforma constitucional. Rajoy tomó nota igualmente del veto ciudadano al acuerdo de paz colombiano. El PP dijo que los referendos “los carga el diablo”. Rechaza así una reforma que podría suponer un reconocimiento simbólico a Catalunya como nación, el blindaje de su lengua en la escuela y otro modelo de financiación.
