madrid - El Gobierno español participó ayer por primera vez en una reunión del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, un órgano en el que siempre ha tenido un espacio reservado pero al que no había acudido hasta la fecha. El motivo son los recursos que el anterior delegado del Ejecutivo en la CAV, Carlos Urquijo, presentó contra este foro al considerar que invadía las competencias de Moncloa.
El relevo de Urquijo por Javier de Andrés ha sido determinante a la hora de que un representante del gabinete de Mariano Rajoy se persone por fin en el Consejo de Seguridad vasco. En concreto, acudió el subdelegado del Gobierno en Álava, Antón Sáenz de Santamaría. Junto a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, estuvieron representantes de varios departamentos de Lakua y de la Secretaría de Paz y Convivencia, de los ayuntamientos de las tres capitales y las diputaciones de la CAV, del Consejo General del Poder Judicial, así como el presidente y fiscal jefe del TSJPV.
Todos ellos evaluaron el Plan General de Seguridad de Euskadi en el periodo comprendido entre julio de 2015 y junio de 2016. Beltrán de Heredia ratificó además la intención de realizar una encuesta de seguridad pública entre la ciudadanía vasca a principios de 2018 como base para el plan de seguridad correspondiente al periodo 2020-2024. - DNA
