MADRID - El día después del congreso del PP celebrado el fin de semana en el que Mariano Rajoy fue reelegido presidente de la formación fue especialmente complicado. La sesión del juicio por el caso Gürtel en el que la exministra de Sanidad Ana Mato y el propio partido comparecieron en la Audiencia Nacional como partícipes a título lucrativo de la trama de corrupción supuso un auténtico jarro de agua fría. Sobre todo, porque la resistencia de ambos a responder a la fiscal, ante cuyas preguntas desplegaron una serie de evasivas e inconcreciones, les valieron la condición de autores confesos de los delitos que se les imputan, a juicio de la representante del Ministerio Público.

Una interpretación que fue avalada por el presidente del tribunal, basada en el artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 307 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por el que el silencio del abogado Jesús Santos en representación del PP puede ser considerado como una confesión de los hechos, lo que llevaría a su condena como responsable civil, al igual que en el caso de la exministra. Estos artículos estipulan que cuando el declarante se niegue a contestar o sus respuestas sean “evasivas o inconcluyentes, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, le hará el apercibimiento” de declararle “confeso”, en el sentido de que los hechos a los que se refieren las preguntas se consideran “reconocidos como ciertos”.

La palabra “confeso” fue por tanto protagonista en la sesión del juicio de ayer. La sacó a colación en primer lugar el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, quien al principio del interrogatorio de Mato dijo que esta “peculiar” figura de responsable civil establece que en las preguntas que no responda “entendemos la posibilidad, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tenerla por confesa”. Durante el interrogatorio posterior de la fiscal Concepción Sabadell, Mato fue poco concreta en respuesta a una pregunta sobre quién pagaba los coches de lujo que regaló Gürtel a su exmarido Jesús Sepúlveda y, ante la insistencia de la fiscal, señaló: “No puedo añadir nada más en este tema”.

Entonces, Sabadell le apercibió de que, ante una “respuesta que no es concreta, es más bien evasiva”, pedía al juez que la diera por “confesa” de acuerdo al artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a lo que el magistrado accedió. Ana Mato se encuentra en esta causa por haberse beneficiado presuntamente de viajes y regalos por parte de Francisco Correa, así como de celebraciones de tres cumpleaños y una comunión de uno de sus hijos por valor de 28.467 euros entre los años 2001 y 2005. Anticorrupción fijó en su escrito de acusación una fianza de 28.467 euros para Mato, lo que coincide con el dinero que presuntamente se habría beneficiado a través de la trama Gürtel.

Lo mismo sucedió con la declaración del abogado del PP, que se negó a contestar afirmando que el partido no tiene ningún conocimiento de los hechos que se le atribuyen, haberse beneficiado de 328.440 euros que la trama de Francisco Correa pagó al PP de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid) para la campaña a las elecciones de 2003. “Esta representación legal no tiene nada que aportar, porque desconoce las circunstancias de los hechos objeto de acusación”, explicó el letrado, momento en que la fiscal Sabadell se volvió a referir, como hizo con Mato, al artículo 700 y al 307 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque la respuesta había sido “evasiva” , lo que interpretó como una “resistencia a declarar”.

Ingreso en prisión De manera diferente lo vio la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reelegida en el cargo el pasado sábado en el congreso del partido, quien opinó que el abogado de los populares “ha dicho lo que tenía que decir”, puesto que no tenían conocimiento de los delitos presuntamente cometidos por los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente. “Que se dé por confeso al partido en el reconocimiento de la comisión de un delito yo no lo comparto”, zanjó.

Por su parte, los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como Isabel Jordán, están citados hoy en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para ver si ingresan ya en prisión, extremo que podría ocurrir pese a que la sentencia condenatoria dictada contra ellos en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a los amaños en Fitur, es recurrible ante el Tribunal Supremo. De ser encarcelados, a partir de ahora acudirían al juicio por Gürtel en la Audiencia Nacional en calidad de presos.