La virtualidad de la acción que tuvo lugar el fin de semana pasado en Luhuso respecto al desarme de ETA y que se saldó con la incautación policial de armas y explosivos y la detención de cinco personas posteriormente puestas en libertad ha sido la de volver a poner encima de la mesa la necesidad cada vez más acuciante de ese desarme, más de cinco años después del fin definitivo de la violencia. Quizá fuera ese el objetivo de quienes, ingenua o inconscientemente, se embarcaron en semejante fregado, que sin duda iba mucho más allá de su competencia.

Anteayer se cumplieron dos años desde que el Gobierno Vasco hiciese pública su Propuesta de procedimiento para un desarme rápido, viable y efectivo, basado en un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional e institucional. A la vista de los resultados, incluido Luhuso, se han perdido dos años. En parte, porque ETA despreció aquel plan mientras otros -partidos, sindicatos y, también, sociedad civil- o lo rechazaron porque no coincidía con sus intereses o lo acogieron con paternalista indiferencia. Pero más vale tarde que nunca. Ayer, una amplia representación de partidos, sindicatos y eso que llamamos agentes sociales -y otros, que por diferentes causas decidieron ir por libre- suscribieron una declaración en que, en lo básico y fundamental (valga la redundancia) coincide con aquella propuesta del Ejecutivo vasco. Obviando la necesaria pero me temo que inútil apelación a los gobiernos español y francés para que “coadyuven” -dudo de que se utilice la palabra correcta, que significa “contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar”-, el comunicado conjunto insta a lograr un “desarme ordenado, controlado, seguro y transparente”. Es decir, justo todo lo contrario de lo que ha sucedido hasta ahora, incluida la fallida operación de Luhuso.

Dicen los partidos y sindicatos que, además, se requieren “instrumentos de verificación independientes”, que el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra deben contribuir, que los Parlamentos de Gasteiz e Iruñea y la Mancomunidad de Iparralde puedan hacer un seguimiento del proceso y que, en definitiva, la “adecuada articulación” entre las instituciones, los verificadores y las “organizaciones representativas de la sociedad civil” -obsérvese que no se dice “la sociedad civil”- puede llevar al éxito del desarme de ETA.

Si se lee la propuesta de Lakua de 2014, se dice lo mismo -un comité de desarme con composición social, internacional e institucional y apoyo del Parlamento Vasco- pero con un matiz. Previamente, ETA debe aceptar este desarme ante la sociedad vasca. Este es el emplazamiento que, como alegan Podemos y Ezker Anitza, falta en el comunicado de ayer, aunque va implícito. Algo hemos ganado: ETA quiere desarmarse y en Euskadi hay consenso sobre cómo “coadyuvar” -incluido el papel de empuje de la sociedad- para lograrlo ante el boicot del Gobierno español. ETA debe dar ya el primer paso.