bilbao - El Gobierno Vasco agotará las posibilidades de acuerdo sobre los recursos contra leyes vascas anunciados por el Ejecutivo español para evitar que finalmente se materialicen y lleguen al Tribunal Constitucional (TC). Así lo dejó entrever el portavoz del Ejecutivo de Urkullu y consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, tras señalar que, para los intereses de Euskadi, “la peor de las hipótesis es residenciar un conflicto institucional con el Gobierno español respecto al reparto de competencias en el Constitucional”, y por eso se comprometió a buscar “denodadamente” acuerdos.
Erkoreka subrayó que el trabajo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre los gobiernos vasco y español es, precisamente, impedir que los conflictos entre ambos ejecutivos lleguen al Constitucional. En una entrevista en Radio Euskadi, valoró que durante cinco horas delegaciones de ambas administraciones negociaran, en la reunión del pasado martes, la retirada de los recursos presentados este año ante el TC.
En ese encuentro se analizaron los recursos anunciados por el Gobierno de Rajoy contra las leyes Municipal, Adicciones, Víctimas de Abusos Policiales e Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Según señaló, el Gobierno español y el vasco tuvieron “un acercamiento” en torno a la Ley Municipal, que es la primera en la que se agota el plazo para interponer recurso “y es la que más urge trabajar”. En concreto, si no hay acuerdo entre las partes, Moncloa materializará el recurso a mediados de enero, por lo que si se quiere evitar ese escenario el acuerdo debería ser en los próximos días. La Ley vasca de Adicciones tiene unos días más de margen, mientras que la de Víctimas de Abusos Policiales y la de ILP pueden esperar hasta marzo y abril.
Tras asegurar que en el plano técnico-jurídico ha habido algunos avances puntuales, Erkoreka destacó que “no hemos podido constatar, desafortunadamente, que este cambio de talante que el Gobierno predica de sí mismo para este momento y de cara a esta legislatura, se traduzca ya mismo en hechos concretos”. De sus manifestaciones se desprende que las diferencias son importantes y que finalmente el desbloqueo de los recursos dependerá de la voluntad política del Gobierno español.