madrid - El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer admitir a trámite la proposición de ley presentada por el PNV para derogar las dos últimas reformas acometidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ambas en 2015. Se trata de los artículos que aprobó el PP en solitario, gracias a su mayoría absoluta, que otorgan carácter ejecutivo a las sentencias del tribunal de garantías, lo que le permite multar e incluso suspender en sus funciones a las autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias; y una reforma anterior, acordada por PP y PSOE, que recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía.

En defensa de esta iniciativa, el diputado jeltzale Mikel Legarda aseguró que “estamos ante un caso de libro de instrumentación de un órgano jurisdiccional para los intereses políticos del Gobierno, a través de una mutación constitucional”. Agregó que “esta ley da un paso más en la judicialización de procesos que son eminentemente políticos, pero con unas consecuencias de una gravedad desconocida hasta el momento”. Advirtió por ello de que, de culminar “la suspensión, sin mediar un proceso penal, de autoridades cuya legitimación provenga de las urnas”, se produciría “una auténtica hecatombe jurídica y política que estamos a tiempo de evitar”.

Esta proposición de ley tiene un significado especial en el momento actual, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido de forma cautelar el referéndum independentista previsto en septiembre de 2017, y de que trasladara al fiscal un posible delito de desobediencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo que desembocó en su imputación y declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Contrarrestar el proceso soberanista fue, de hecho, el principal motivo detrás de la reforma impuesta el año pasado por el PP con el rechazo del resto de grupos.

Una situación que empezó a revertirse ayer con la toma en consideración de la propuesta de ley del PNV para eliminar esos artículos, que contó con el apoyo del PSOE, Podemos y el resto de formaciones nacionalistas, y el rechazo del PP y Ciudadanos. La antigua CDC, el PDeCAT, presentó una iniciativa con el mismo objetivo que no salió adelante al no concitar el apoyo de los socialistas, ya que no planteaba un texto alternativo al que abogaba por derogar.

Tras recordar que, en su día, ya se opuso a la reforma exprés del Constitucional porque “no era necesaria” y suponía “desnaturalizar sus competencias”, el PSOE advirtió ayer de que no está de acuerdo con la parte de la proposición jeltzale que elimina el recurso previo de inconstitucionalidad en el caso de los Estatutos. De este modo, está por ver si, en la fase de enmiendas, suma sus votos a los del PP e incluso Ciudadanos para hacer decaer este punto.

Mikel Legarda afirmó a este respecto que “la irrupción del TC en el proceso de elaboración de un Estatuto de Autonomía supone inevitablemente su politización y la judicialización del proceso político parlamentario”.