MADRID. El juicio se ha celebrado esta mañana ante la Sección Segunda de la Audiencia Nacional y ha quedado visto para sentencia.

El fiscal, en sus conclusiones definitivas, pide para el acusado dos años de cárcel por un delito de humillación a las víctimas.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2014, cuando la hermana de Ignacio Uría, asesinado por ETA en Azpeitia en 2008, recibió el anagrama de la banda -un hacha y una serpiente enrollada en su mango- en su móvil.

Durante el juicio, Guinea ha manifestado que el día de los hechos estaba en un bar con sus amigos viendo fotos del móvil y uno de ellos, al que conocía desde hace años, le pidió que le enviase una de ellas, en la que aparecía el anagrama de ETA.

Ha señalado que envió la foto al número de móvil que tenía guardado en la agenda de este amigo desde 2001, si bien en ese tiempo nunca le había llamado. "El teléfono que me dio lo guardé mal", ha apuntado.

También ha declarado en el juicio este amigo, Ildefonso Morales, quien ha explicado que nunca recibió la foto y no sabe si Guinea se la llegó a enviar porque "se olvidó del tema". Sin embargo, ha declarado que tuvo durante cinco años un teléfono de empresa y no le dio nunca al acusado su nuevo número.

Este teléfono de empresa tiene las mismas cifras salvo la última que el de la víctima que recibió el anagrama en su teléfono, tal y como ha explicado un guardia civil que ha declarado como testigo.

"Lamentablemente cometió un error", ha señalado el abogado del acusado, quien pide su libre absolución, y ha añadido que alguien "no puede ser tan torpe" para mandar amenazas desde su propio teléfono y además es "rocambolesco" que encuentre a una persona con el móvil tan parecido.

Sin embargo, el fiscal mantiene su petición de dos años de prisión para Guinea, quien ya fue condenado por la Audiencia Nacional en 1999 a siete años de cárcel por integración en organización terrorista, al entender que sí hubo delito.

"Produce miedo en la víctima, quien tardó un mes en denunciar", ha señalado el representante del Ministerio Público, ya que ésta así lo ha manifestado en el juicio, en calidad de testigo protegido.

El acusado ha ejercido su derecho a la última palabra para pedir disculpas a la familia de la víctima: "No era mi intención de ninguna manera".