madrid - El Gobierno español sigue lanzando guiños a Euskadi y Catalunya, aunque sin concretar su voluntad en hechos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se abrió ayer a una “nueva definición” para Catalunya dentro del abanico de términos que contempla la Constitución y que pueden ir desde la calificación como una comunidad hasta la consideración de nacionalidad. En realidad, no es muy novedoso porque el propio Estatut catalán va más lejos al calificar a Catalunya como nación, aunque lo hace en el preámbulo y sin efectos jurídicos, es decir, sin que ello implique el derecho a constituirse como Estado. Sin embargo, las declaraciones de Catalá llegan en un contexto en que Madrid busca otro tono en una legislatura sin mayoría absoluta. El nombramiento de Soraya Sáenz de Santamaría como ministra de Administraciones Territoriales también fue interpretado como un guiño, sobre todo teniendo en cuenta que había abierto hacía meses una vía con el vicepresident Junqueras para acordar cuestiones económicas. No obstante, esa tentativa de acercamiento se mantiene en paralelo a la judicialización del procés y las resistencias a abordar una reforma constitucional. Catalunya, por su parte, está en otra fase y apuesta por el referéndum de independencia. Catalá aseguró ayer que el Gobierno español “estaría cómodo” con una nueva definición de Catalunya dentro de los conceptos que establece la Constitución entre “comunidades autónomas, nacionalidades y regiones” y que “en unos planos son jurídicos y en otros no”. Sin embargo, hizo hincapié en que en ningún caso está dispuesto a abrir un debate que lleve a la “no igualdad de los españoles”. “Si puede ser un camino para que las comunidades autónomas encuentren un mejor encuadre dentro de la Constitución, pues puede ser una línea, sin duda. Tendrán que ser las comunidades autónomas quienes decidan cómo quieren encontrarse. Nosotros, con lo que sea coherente con la doctrina constitucional, vamos a estar cómodos”, dijo en una entrevista en la Cadena Cope.
Catalá avisó de que los principios de “la igualdad de todos los españoles y la unidad de España son pilares que no están sometidos a negociación”. Asimismo, al ser consultado por una hipotética reforma de la Constitución, se mostró convencido de que “no está entre las prioridades del país” que, según indicó, pasan por mejorar la situación del empleo y la economía. En todo caso, añadió que, si se quiere reformar la Constitución, “hay que saber antes qué temas se quieren abordar” para conocer de antemano el contenido de una hipotética reforma y los consensos posibles. “En algún tema puede tener sentido, pero no está entre las cuestiones más importantes”, dijo.
el govern no ve voluntad El conseller de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat, Raül Romeva, por su parte, fue contundente ayer al asegurar que no ve “por ningún lado” la nueva etapa de diálogo. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Romeva reiteró la voluntad y disposición al diálogo del Govern, aunque negó que por parte de Madrid exista una predisposición al mismo. A modo de ejemplo, citó que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, haya sido citada a declarar, que el Congreso aprobara el suplicatorio de Francesc Homs, o las decisiones adoptadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto al déficit de las comunidades autónomas. - DNA/E.P./Efe
