IRUÑEa - La jueza Carmen Lamela envió ayer a la cárcel a seis de los ocho detenidos por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu, el pasado 15 de octubre, por un presunto delito de terrorismo. La agresión comenzó en la madrugada del pasado 15 de octubre, primero dentro del bar Koxka y después en las inmediaciones. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decretó prisión incondicional comunicada y sin fianza para los hombres y dejó en libertad a las dos mujeres, que tendrán que comparecer ante el juez dos días a la semana y tienen prohibido salir de España.

Los señalados para ingresar en prisión son Jokin Unamuno, Aritz Urrizola, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad y Oihan Arnanz. La jueza dejó en libertad a Edurne Martínez y Ainara Urquijo y citó a Adur Ramírez de Alza y Aritz Urdangarin, las dos personas que se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional de manera voluntaria, a personarse para una rueda de reconocimiento.

El fiscal José Perals solicitó a la jueza Carmen Lamela que decrete la prisión por un delito de terrorismo del artículo 573 bis.1 para los encarcelados. “Todos ellos conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”, según apuntó la juez.

Los ocho arrestados fueron trasladados poco antes de las seis de la tarde a la Audiencia Nacional tras ser detenidos horas antes en la operación Ausiki, en varias localidades, entre ellas Iruñea, Altsasu, Agurain, Gasteiz y Madrid. Todos ellos, según un auto de la pasada semana de la juez Lamela, podrían pertenecer al Movimiento Ospa que dinamiza la campaña de la izquierda abertzale Alde Hemendik contra el instituto armado y la Policía foral.

Otros dos de los 12 identificados por la agresión a dos guardia civiles y sus parejas en la localidad navarra de Altsasu se presentaron ayer al anochecer de forma voluntaria en la Audiencia Nacional y pidieron declarar junto a los ocho detenidos.

Según recordó el Ministerio del Interior en un comunicado, en la madrugada del pasado 15 de octubre dos agentes de la Guardia Civil y sus respectivas compañeras sentimentales fueron objeto de una agresión por parte de un grupo de unos 40-50 individuos en las inmediaciones del bar Koxka de Altsasu. Previamente, fueron amenazados e insultados.

Inicialmente, se detuvo a dos personas por un delito de lesiones y atentado contra la autoridad por su participación en la agresión. Después, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) presentó una denuncia por un posible delito de terrorismo ante la Audiencia Nacional. Según Interior, las agresiones “se enmarcan en la dinámica permanente Alde Hemendik creada por ETA y las ilegalizadas KAS-EKIN para exigir la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército de la CAV y Navarra”.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Altsasu aprobó una declaración en la que pide que el procedimiento judicial por la agresión sufrida por dos guardias civiles se siga en Iruñea y no en la Audiencia Nacional. El texto aprobado fue consensuado por Geroa Bai (que gobierna el municipio), EH Bildu, Goazen Altsasu y PSN. En contra del mismo votó UPN.

Sortu criticó las detenciones y las considera consecuencia de la “fabricación de un delito terrorista”. “Todos ellos han fabricado un delito de terrorismo con el objetivo de criminalizar el movimiento por la desmilitarización”, y con el de “blanquear la labor de todos estos años de la Guardia Civil”. Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, pidió “respeto” para la Justicia e instó a “dejar que trabaje, gusten más o nos gusten menos” las decisiones que tome, una tesis que comparten PP y PSN. - DNA