Quince años después del asesinato del juez José María Lidón en Getxo, el Gobierno español ha pedido la extradición de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, exjefe militar de ETA, para juzgarlo junto a Asier Arzalluz como presunto autor material de la muerte del magistrado cuando formaba parte del comando Olaia de ETA. La de Lidón era -y sigue siendo, mientras no haya una sentencia firme de condena- una de las centenares de muertes atribuidas a la organización terrorista que han quedado sin resolver.
Hace cinco años que ETA anunció que dejaba las armas, y siete desde que se produjeron sus últimos asesinatos premeditados, los de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, a día de hoy también sin autores identificados. En este tiempo el Gobierno vasco ha puesto en marcha un Plan de Paz y Convivencia que pretende ir cerrando las diversas heridas que han dejado décadas de violencia política en Euskadi, y sin duda el de los casos sin resolver es una de las tareas pendientes antes de mirar definitivamente al futuro.
Y no solo en lo relativo a ETA. Con cerca de un millar de muertes a lo largo de medio siglo, hay muchos casos en los que no solo se desconoce al autor material del asesinato, sino incluso bajo qué siglas actuaba. Esta situación se produjo especialmente en el oscuro final de la década de los setenta del siglo XX, cuando por las calles Euskadi campaban ETA militar y ETA (pm), los Comandos Autónomos Anticapitalistas, el Batallón Vasco Español, varios grupúsculos ultraderechistas y policías descontrolados. A Martín Merquelanz, un taxista de Irun cuyo cadáver encontraron sus compañeros el 24 de mayo de 1978, el Ministerio del Interior, Covite, la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la AVT lo consideran víctima de ETA; su hija cree que lo mató el Batallón Vasco Español. La Justicia tampoco ha podido dirimir si a Pertur, dirigente polimili desaparecido en 1976, lo mató la propia ETA o un grupo de neofascistas italianos.
Así se señala en el Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014. Caso Vasco, presentado por el Gobierno autonómico hace dos años. Se trata de un prolijo trabajo que pone de manifiesto lo ingente de la tarea de arrojar luz sobre todo lo ocurrido en el País Vasco en las últimas décadas, y por tanto proporcionar verdad, justicia y reparación a todas y cada una de las víctimas.
Acudiendo a los números, el informe señala que de los 849 casos de asesinato que se atribuyen a ETA y “grupos afines”, 170 han sido sobreseídos, 65 son previos a la amnistía de 1977, 27 han sido archivados, otros siete han sido objeto de expurgo -el juzgado destruye los expedientes al considerarlos irresolubles-, y de otros once directamente no se sabe nada. No se sabe nada, por ejemplo, del asesinato en Gasteiz, el 31 de octubre de 1982, del policía Francisco Ruiz, al que el Ayuntamiento de la capital alavesa rindió tributo esta misma semana.
Por otro lado, 18 causas fueron reabiertas hasta 2014. No lo fue la de la muerte de Joseba Pagazaurtundua, pues no se llegó a archivar, pese a que siete años después de su asesinato no se había identificado a los responsables. Finalmente, la obtención del ADN dejado por Gurutz Agirresarobe en una botella de agua se saldó con su condena en 2011 por el asesinato del jefe de la Policía local de Andoain, cometido en 2003. En total, el 35% de los asesinatos atribuidos a ETA no han sido clarificados por una sentencia judicial. En el caso del Batallón Vasco Español y las diversas siglas bajo las que actuaban los aparatos del Estado en los años setenta y principios de los ochenta, el informe elaborado por Carlos Fonseca, Enara Garro, José Antonio Martín Pallín y José Manuel Rodríguez Uribes contabiliza 40 asesinatos al BVE, la Triple A, el GAE, los Guerrilleros de Cristo Rey y demás grupos ultraderechistas de la Transición. Solo hubo seis sentencias y una decena de sobreseimientos. De la situación procesal del resto de casos, nada se sabe.
En la década siguiente el relevo lo tomaron los GAL, que asesinaron a 27 personas, principalmente en Iparralde. Doce casos fueron juzgados y esclarecidos, nueve fueron archivados, y el resto de procesos se han instruido en Francia, por lo que los autores del informe carecían de datos al respecto. Otro crimen obra del terrorismo de Estado acaecido bajo los gobiernos de Felipe González fue sobreseído provisionalmente. El 3 de mayo de 1984, Rafael Goikoetxea circulaba por una carretera de Nafarroa Beherea junto con Jesús Zugarramurdi. Una moto les adelantó y desde ella les dispararon, matando a Goikoetxea. Treinta y dos años después, lo único que se sabe al margen de esto sobre aquel suceso es que fue obra de los GAL.
