Madrid - El Tribunal Constitucional (TC) se mantiene firme en su intención de imponer su capacidad de suspender de funciones cautelarmente a altos cargos que desobedezcan sus sentencias. De este modo, dispone ya de herramientas legales para meter en cintura a quienes como la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, se nieguen a cumplir las resoluciones del alto tribunal español de garantías. Así lo señala en un fallo hecho público ayer, en el que avala la reforma de su ley orgánica promovida por el Gobierno de Rajoy durante la pasada legislatura en la que contó con mayoría absoluta. La reforma había sido recurrida por los gobiernos vasco y catalán.

La sentencia, aprobada por mayoría de ocho votos contra tres en el pleno del TC y de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, afirma que la viabilidad de la suspensión y su constitucionalidad en un concreto supuesto deberán ser analizadas por el tribunal y no adoptadas automáticamente a petición del ejecutivo.

El fallo, por otro lado, aclara también que esta suspensión no tendrá carácter penal. El hecho de que se trate de una medida “gravosa” para las autoridades o empleados públicos “no la convierte sin más en una medida punitiva”, dice la sentencia, cuya redacción completa no ha sido desarrollada todavía. Tampoco se conocen los argumentos de los tres votos particulares discrepantes con la resolución. El contenido tanto de la sentencia como de los votos discordantes de la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asúa, y los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol se hará público en las próximas semanas una vez estén redactados. Los tres consideran que la reforma legal coloca en manos del TC competencias que le son impropias. A su juicio, las medidas impugnadas, concretamente la suspensión de funciones de autoridades y empleados públicos y la ejecución sustitutoria de las resoluciones del Tribunal Constitucional, son contrarias a la ley fundamental.

La unanimidad del tribunal en sus resoluciones dictadas hasta ahora en relación con el proceso soberanista catalán se ha roto con este fallo, en el que la mayoría conservadora ha avalado la reforma de la Ley Orgánica de este tribunal frente a la minoría progresista.

El alto tribunal está compuesto por doce magistrados de los que cuatro son designados por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos por el Consejo General del Poder Judicial, y los dos restantes son nombrados directamente por el Gobierno español. Los fallos del TC que suspendieron las diferentes resoluciones independentistas catalanas o que anularon las consultas del 9-N y las normas en las cuales éstas se basaban, por inconstitucionales, se tomaron por unanimidad.

Las nuevas medidas aún no han sido estrenadas por el Constitucional, que ha esperado a resolver los recursos antes de plantearse su uso. En el caso de Forcadell, el TC se limitó a usar la facultad que tiene cualquier tribunal (la llamada deducción de testimonio) de denunciar un eventual delito (desobediencia) ante el tribunal competente. El que haya dado luz verde a las medidas no implica que las vaya a usar y, de hecho, fuentes próximas al tribunal estiman que las previsiones legales de la norma no se van a poner en marcha de forma inmediata. - H.U.