gasteiz - El hecho en sí aún no se ha producido, pero los movimientos en el seno del Tribunal Constitucional indican que esta misma semana el órgano encargado de interpretar la Carta Magna va a avalar la reforma legal impulsada por el PP que le habilita para suspender a los altos cargos que desobedezcan sus resoluciones. La magistrada Adela Asúa, partidaria de declarar inconstitucional esta reforma, ha renunciado a la ponencia de la resolución al comprobar que no contaba con el apoyo del pleno -sólo dos de los once magistrados respaldan a la también vicepresidenta del Tribunal- y su lugar lo ocupará Pedro González Trevijano, que sí defiende la potestad del TC de suspender en sus funciones a los responsables institucionales que desoigan sus mandatos, según informa Efe.
El pleno del Constitucional se reúne mañana y el jueves, y aunque dado el juego de mayorías existente en el TC el aval a la reforma se da por supuesto, sí es cierto que por primera vez se romperá la unanimidad en el seno de este órgano en torno al soberanismo catalán, que es a fin de cuentas el objetivo de la reforma legal en cuestión. La ley que se debate, y que ha sido recurrida tanto por el Gobierno Vasco como por el catalán, la sacó adelante el gabinete de Mariano Rajoy pensando en poner coto al procès y se podría aplicar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tras su decisión de permitir la votación del proceso independentista catalán.
En realidad, es el recurso del Gobierno Vasco el que esta semana dirime el TC, pero la resolución será igualmente válida para al caso catalán, y dará al Estado una capacidad de reacción mucho mayor que la vía penal actualmente en curso en el Tribuna Superior de Justicia de Catalunya y emprendida por la Fiscalía. La decisión en torno al recurso planteado por el Gobierno catalán quedará pendiente para más adelante.
En todo caso, las fuentes consultadas aseguran que el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quiere resolver cuanto antes esta reforma legal aprobada por el Congreso de los Diputados en otoño de 2015 y que faculta a este tribunal a suspender de sus funciones a cualquier cargo público, incluido el presidente del Gobierno, de forma inmediata, sin recurso posible y sin dejar capacidad de respuesta al Parlamento.
Según las fuentes del TC, Pérez de los Cobos no quiere que la resolución de estos recursos interfiera en el próximo dictamen del Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. A este órgano consultó el Constitucional, a través de la Comisión Venecia, sobre la validez de los incidentes de ejecución previstos para casos de desobediencia de sus sentencias como los ocurridos con la Generalitat de Cataluña.
La amplia potestad que otorga la reforma legal al Constitucional, que de hecho le faculta para arrinconar al Ejecutivo y podría suponer por ello un desequilibrio en la separación de poderes, ha hecho que se rompa la unanimidad en el propio tribunal. Unos de los magistrados contrarios a avalar el cambio legal es Asúa, elegida a finales de 2010 por el Senado a propuesta del Parlamento Vasco para formar parte del Tribunal Constitucional, y que en junio de 2013 fue elegida vicepresidenta del mismo. Asúa fue vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, institución a la que se incorporó en 1988.
La inhibición de esta magistrada, de tendencia progresista, deja la redacción de la ponencia en manos de González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que llegó a ser rector. El magistrado se incorporó al Tribunal Constitucional en 2013.
el precedente de atutxa La dotación de mayores poderes al Constitucional por parte del Gobierno del PP viene a blindar al Estado frente a casos como el de Catalunya, pero hay precedentes aquí mismo, en Euskadi. Como presidente del Parlamento Vasco, Juan Mari Atutxa se negó a disolver al grupo de Sozialista Abertzaleak, tal y como ordenaba el Tribunal Supremo, y por ello el político jeltzale fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que le absolvió en primera instancia, aunque tras la admisión de sendos recursos, fue el propio alto tribunal el que le condenó a un año y medio de inhabilitación para todo cargo público y a una multa de 18.000 euros.
Adela Asúa. La magistrada del TC, elegida en 2010 a propuesta del Parlamento Vasco, ha renunciado a la ponencia de resolución sobre la reforma legal que permite al Constitucional suspender a un cargo público.
Pedro González Trevijano. El catedrático de Derecho Constitucional, partidario de la mayor atribución de poderes por parte del TC, toma el relevo de Asúa en la ponencia.
