Iruñea - Navarra cierra filas en defensa del Convenio Económico. El Gobierno foral recibió ayer el respaldo unánime de las fuerzas políticas para la negociación con el Ejecutivo español, a quien el Parlamento reclama que “de forma urgente aborde la negociación que actualice el Convenio Económico Navarra-Estado para el quinquenio 2015-19”. En una declaración institucional firmada por los siete grupos parlamentarios a modo de conclusión del Debate sobre el estado de la Comunidad, la Cámara ratificó además “su compromiso con el autogobierno de Navarra en materia fiscal y financiera”, reclamando a las instituciones del Estado “respeto y lealtad hacia el marco de autogobierno”.
La iniciativa del consenso partió del parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde, que para evitar un cambio de postura durante un debate previsiblemente tenso, pactó el contenido de la declaración y recogió las firmas de los siete portavoces el jueves por la mañana. El del Convenio era junto con los de euskera, convivencia y posicionamiento en Europa uno de lo cuatro consensos básicos que la presidenta Uxue Barkos reclamó en su intervención el jueves ante la Cámara, y seguramente el más urgente de todos. La resolución supone por ello un espaldarazo para el Gobierno foral, que podrá exhibir ante el Ejecutivo de Madrid el respaldo de todos los grupos a la posición de Navarra, incluidos UPN y el propio PP.
La resolución implica un respaldo al informe elaborado por los técnicos de la Hacienda Foral, cuyo rigor había sido puesto en duda por el Ministerio de Cristóbal Montoro, lo que refuerza la posición negociadora de cara a una negociación que sigue bloqueada. El Ejecutivo foral confía en que tras la investidura de Mariano Rajoy y la toma de posesión de los nuevos ministros que tendrá lugar el lunes se volverán a retomar las negociaciones, al menos en su vertiente técnica para acelerar unos trabajos que llevan casi dos años de retraso.
Defensa firme Nafarroa encarará esta contraposición de pareceres desde la “firmeza” en la defensa de sus intereses y desde la “lealtad” con el Estado. Así lo avanzó la presidenta foral, y así lo reclama también el Parlamento, que emplaza a que el proceso negociador “se realice desde la asunción y compromiso con los principios de lealtad y solidaridad”. Muestra además su “voluntad de promover el conocimiento e información sobre el contenido del Convenio y sus negociaciones para implicar a agentes sociales, políticos e institucionales en su defensa”. Una apuesta por la transparencia en una cuestión jurídicamente compleja, y que tradicionalmente ha despertado el recelo de la España más centralista, por lo que no es descartable que vuelvan a surgir voces contrarias al Convenio. - I.F.
