GASTEIZ - El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado de ejecutar de forma provisional la sentencia del 13 de julio que anuló la 25ª promoción de la Ertzaintza, y que está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo tras el recurso de casación que anunció el Gobierno Vasco. A la espera de dicho fallo, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha tumbado los argumentos esgrimidos por la Abogacía en un escrito del 7 de septiembre, en el que alegaba las “medidas de reducción del déficit público” llevadas a cabo por el Gobierno español, y que el Ejecutivo vasco habría “eludido” al dar continuidad a la OPE declarada ilegal.
Muy al contrario, el TSJPV considera que la CAV “ha cumplido con sus obligaciones de reducción del déficit público”, por lo que no se aprecia “el riesgo de desbordamiento del gasto público” que alega el órgano dependiente del Estado español. “No existe ningún dato que permita concluir -prosigue el tribunal superior vasco- que el gasto que ha generado esta convocatoria haya incidido en que la CAV no haya respetado los compromisos adquiridos” en la reducción del déficit.
La cuestión económica estaba detrás del recurso que interpuso el Gobierno español contra la 25ª promoción de la Ertzaintza, finalmente de 254 plazas y puesta en marcha en 2015, al entender que no había respetado la tasa de reposición fijada por Moncloa para los funcionarios con el fin de reducir el gasto. El TSJPV dio la razón al gabinete Rajoy y el pasado 13 de julio anuló dicha convocatoria. Sin embargo, además de la afección presupuestaria está la personal, toda vez que los 254 integrantes de esta promoción iniciaron a mediados de agosto un periodo de prácticas de un año en las comisarías y las Unidades Territoriales de Tráfico tras finalizar su formación. El fallo del TSJPV que rechaza la petición de ejecutar ya la sentencia, sin esperar a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación, hace referencia a este aspecto al concluir que “la ejecución provisional de la sentencia generaría perjuicios de difícil reparación”.
Agrega que, dada la carencia de efectivos que sufre actualmente la Ertzaintza, “la eventual exclusión de esos efectivos, que suponen el 7,88% del total de la plantilla de la Policía vasca, puede tener incidencia real en el servicio público”. Según datos del Departamento de Seguridad, con los 254 agentes en prácticas ni siquiera se alcanza el tope de 8.000 efectivos consensuados por los gobiernos vasco y español, ya que aún faltarían 145 ertzainas.
La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, se congratuló de la decisión adoptada ayer por el TSJPV y adelantó que los agentes de la 25ª promoción podrán “podrán continuar en sus destinos”. Insistió en que va a seguir defendiendo con “argumentos jurídicos” esta convocatoria, a fin de mantener “el número de agentes acordado en la Junta de Seguridad”. Fuentes del departamento explicaron que la resolución del Tribunal Supremo aún tardará, pues Lakua tiene que presentar el recurso y el alto tribunal debe decidir si lo admite a trámite y, en caso de hacerlo, deliberar sobre el fondo de este conflicto.
Negociación En el apartado de reacciones, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ErNE, se felicitó por la resolución del TSJPV y dijo esperar “que el Supremo atienda el recurso del Gobierno Vasco o en su caso no perjudique la condición de ertzainas de esta promoción”. Asimismo, reclamó al Ejecutivo de Gasteiz la puesta en marcha sin más dilación de la 26ª promoción.
Por su parte, ESAN advirtió de que “la guerra no está ganada”, ya que aún falta la resolución del Tribunal Supremo, y urgió a superar el “conflicto” con una “negociación y un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco” con el fin de “retirar el recurso presentado”.
