BILBAO. La iniciativa completa otras actuaciones desarrolladas por los jeltzales en Bruselas y Estrasburgo que han llevado a la Comisión Europea a señalar este incumplimiento e investigar si merece algún tipo de procedimiento sancionador, según ha informado el PNV.

La enmienda referida a esta cuestión es una de las 30 planteadas por el PNV a este informe mediante el que el Parlamento Europeo revisa cada año el estado en que se encuentra los Derechos Humanos en la Unión. En su aportación, Izaskun Bilbao Barandica insiste en la necesidad de que "las medidas penales que se están construyendo para castigar los delitos de terrorismo deben respetar el Estado de Derecho, la normativa comunitaria y los valores e la unión".

Igualmente aboga por rechazar el "derecho de excepción" y denuncia el "incumplimiento por parte de algunos estados de Decisiones Marco como la del mutuo reconocimiento de sentencias, para propiciar la prolongación injusta de condenas penales ya extinguidas de acuerdo con el derecho comunitario".

Además, los jeltzales plantean como cuestión horizontal que la Comisión debe utilizar "con mayor determinación los instrumentos de que dispone para evitar que se consoliden prácticas que amenazan en Europa los principios del estado de derecho aunque no se produzcan en estricta ejecución de la normativa comunitaria".

Las 30 enmiendas planteadas por la eurodiputada jeltzale abordan diversos bloques temáticos. Entre ellos destacan uno dedicado a mejorar la atención a personas desaparecidas y otro vinculado a la necesidad de cambiar en el estado español las políticas de memoria histórica.

En el ámbito de la lucha contraterrorista, el PNV plantea en sus enmiendas cuestiones tales como "construir un relato europeo compartido contra el extremismo violento", abogar por "una respuesta continental a esta amenaza desde una inteligencia europea integrada e incorporar en ella todos los recursos y agencias que tienen en Europa capacidades y competencias para investigar la delincuencia organizada, en clara alusión a los problemas de la Ertzaintza para integrarse plenamente en el sistema de información vinculado al acuerdo de Shengen".

Igualmente, y en el aspecto preventivo, propone "incluir una didáctica sobre los mecanismos que utiliza el yihadismo para captar adeptos en los módulos que se dedican en los centros educativos a la prevención de riesgos en la red". Además, anima a que se propicie el ciber-activismo y la creatividad contra este tipo de materiales de captación.

En el ámbito de la respuesta que debe darse a la crisis de los refugiados y la inmigración Izaskun Bilbao plantea dos aportaciones en las que se defiende que las autoridades locales y regionales "participen en los procesos de decisión que se adoptan para acoger e integrar refugiados puesto que desde estos niveles institucionales se prestan la mayoría de los servicios que reciben y se puede propiciar su adecuada integración".

Además, insiste en la necesidad de cumplir la legislación comunitaria en materia de asilo y rechaza las llamadas "devoluciones en caliente".

Otras enmiendas de la Vicepresidenta de ALDE completan la visión que ofrece el informe original sobre los problemas que afectan a las minorías nacionales tradicionales europeas. A esos efectos denuncia y concreta que estas dificultades tiene su origen, además de en las "consecuencias negativas de la crisis migratoria", en la "generación y difusión de estereotipos despectivos y negativos y otras prácticas dudosamente democráticas" en referencia a episodios como "la invención de pruebas sobre supuestos casos de corrupción para descalificar a adversarios políticos como la protagonizada por el actual ministro del interior en funciones".

Por estas razones, pide el establecimiento de "unas normas mínimas vinculantes para proteger los derechos de estas minorías" que considera "aportan una diversidad cultural, lingüística e institucional que es parte irrenunciable de la Unión".

Igualmente aboga por que las lenguas minorizadas se incluyan en el concepto de multilingüismo de la UE y tal reconocimiento tenga efecto en el tratamiento que se les otorga en concursos y programas europeos.

El grupo de enmiendas planteadas por los jeltzales incluye varias aportaciones destinadas a sustituir el término discapacidad por "diversidad funcional" y a combatir la "doble discriminación que afecta a las mujeres pertenecientes a este colectivo". Anima, además, a desarrollar una política "más intensa para eliminar los estereotipos de género".

Igualmente incorpora un apartado dedicado a incluir el criterio de la plena integración de las personas mayores y su empoderamiento y participación en los asuntos públicos en las políticas de envejecimiento activo. También propone que se aproveche la experiencia como "ventaja competitiva" para la economía europea en "adecuada combinación con las capacidades de innovación y formación en nuevas pericias".