DONOSTIA - Garazi Rodríguez fue detenida acusada de pertenencia a Segi y denunció que sufrió torturas en comisaría durante el régimen de incomunicación. Su caso fue archivado sin que pudiera dar testimonio ante el juez. Ahora el Tribunal Constitucional lo reabre y admite que el Estado vulneró sus derechos por no investigar la denuncia.

Le detienen en noviembre de 2009 en una gran operación de la Policía Nacional. ¿Cómo transcurrió el arresto?

-Me llevaron a la comisaría de Amara y después me trasladaron a Madrid. Al principio el trato fue correcto, pero al llegar me empezaron a dar patadas, no me dejaban descansar y me interrogaban a todas horas. También me insultaban y amenazaban de muerte continuamente. Me obligaban a estar en cuclillas con la cabeza agachada, tenía que ir de un lado de la habitación a otro y, cuando me caía del cansancio, me pegaban patadas y me tiraban de los pelos. Al tercer día, me mandaron desnudarme en una habitación muy grande delante de siete u ocho policías. Cuando estaba en bragas, entró un agente gritando que me iba a violar y matar, y empezó a tocarme y a besarme. Me dijeron que, o empezaba a dar nombres, o me iban a dejar sola con él. Durante horas estuve desnuda delante de ellos. Yo tenía 21 años entonces.

Al tercer día, firma la autoinculpación.

-Sí. Hice la declaración policial y ya me dejaron tranquila. Me llevaron a la Audiencia Nacional y declaré ante Grande-Marlaska. Lo que le dije fue que negaba todo lo declarado en la comisaría, que lo había hecho bajo torturas, y le conté todo lo ocurrido detalladamente. Solo me preguntó si me habían tocado los pechos. Después solo me interrogó sobre el sumario.

Usted presentó una denuncia por torturas y el juez ni siquiera le tomó testimonio. Después, se archiva la denuncia.

-Al de unos meses presenté la denuncia, pero la archivó un juzgado de Madrid. La cuestión es que se archivó sin que nadie me llamara a declarar y ni siquiera se le notificó nada a mi abogada. Ahí se volvieron a vulnerar mis derechos, porque no tuvimos opción de recurso.

En 2013 la AN absuelve a los detenidos y da veracidad a las denuncias por torturas. ¿Fue un primer paso para que les creyeran?

-Nos pilló por sorpresa. Pero, claro, no eran casos aislados. Éramos 40 y 32 denunciamos torturas, todos los detenidos en el Estado español. Los detenidos en Italia e Iparralde no denunciaron porque no las sufrieron. Eso es lo que recoge la sentencia de la Audiencia y nosotros nos sorprendimos gratamente. Se hacía hincapié en que había pruebas suficientes para seguir investigando. Además, se le dio un toque al juez Grande-Marlaska.

Siete años después de la detención, el TC reabre su caso de torturas. ¿Confía en que por fin se investigue a fondo lo ocurrido?

-Esto va más allá de un tribunal o de una sala concreta. El hecho de que el Constitucional haya sacado esta sentencia es un paso positivo, pero falta mucho camino por recorrer para que se haga una investigación seria y se reconozcan las miles de torturas que ha habido. No solo vale con sentencias jurídicas. A nivel político todavía queda mucha responsabilidad por asumir y mucho trabajo que hacer. Hay que admitir que la tortura se ha utilizado con fines políticos. Soy escéptica porque se han dado casos durante décadas y no se han investigado.

¿Cree que esta reapertura se debe a los últimos varapalos judiciales de Estrasburgo a la Justicia española?

-Estoy convencida de ello. Las condenas de Estrasburgo son a raíz de que no se han investigado las denuncias por torturas. No es solo que no se haya dado verosimilitud, sino que se ha reprimido a la gente que las ha denunciado. Hace poco detuvieron a unas personas que hicieron un mural en contra de la tortura. Todavía se reprimen ese tipo de denuncias.

¿Espera que la decisión del TC sirva para investigar casos similares?

-Sí que lo espero. No solo los casos similares al mío, sino todos en los que ha habido denuncias por tortura. Que hagan un buen trabajo de investigación, que se reconozca lo que ha pasado y que se repare. Y, sobre todo, que no se vuelva a repetir.