BARCELONA - La controvertida aprobación de las conclusiones parlamentarias sobre el procés, recurrida por el Gobierno español en funciones, parece haberse convertido en un mero espejismo en las complejas relaciones que mantienen el Govern catalán, sustentando por Junts pel Sí (JxSí), y la CUP. La tensión resurge a mes y medio de la cuestión de confianza a la que se someterá el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de que la estabilidad alcanzada en su investidura in extremis quedara mermada por el rechazo de los cuperos a los Presupuestos de 2016. Superar el bache de la votación del 28 de septiembre depende de los 10 parlamentarios anticapitalistas. Y son precisamente los responsables de haber alzado a Puigdemont en detrimento del candidato original de JxSí, Artur Mas.

Desde el Govern, sin embargo, no están dispuestos a ofrecer un cheque en blanco para lograr el imprescindible apoyo en la votación y avisan de que la confianza, a diferencia de la investidura o las leyes, no es objeto de negociación. “La confianza se tiene o no se tiene, no se negocia”, esgrimió la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, en una entrevista en RAC1, desde donde acusó a la CUP de querer condicionar la votación después de haber incumplido los acuerdos firmados a inicios de legislatura. Extendiendo la postura de no sentarse a la mesa para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de confianza, la flamante vicepresidenta del PDC anunció el aplazamiento “hasta finales de agosto o principios de septiembre” de la reunión en la que los cuperos confiaban en poder reorientar la hoja de ruta soberanista para convocar un referéndum unilateral de independencia como contrapartida a sustentar finalmente a Puigdemont. Las intenciones en el otro lado del tablero son diferentes. JxSí quiere abrir una ronda de contactos con todas las fuerzas parlamentarias para que el rechazo a las Cuentas del presente año no se extienda a las de 2017. El argumento para intentar convencer a los anticapitalistas pasa precisamente por la vía soberanista, de la que dicen que podría verse afectada. “Queremos tirar adelante con la hoja de ruta, pero necesitamos nuevos Presupuestos porque con la prórroga algunos objetivos quedan tocados”, advirtió Munté.

No obstante, en el Ejecutivo catalán no cierran la puerta a reformular la senda independentista tal y como reclaman insistentemente desde la formación anticapitalista. Munté recalcó que la posibilidad de un referéndum unilateral no está contemplada en la actual hoja de ruta, pero que no trabajan con un documento “inmutable”, por lo que la iniciativa podría ser incluida contando, en todo caso, “con un apoyo muy amplio” en el Parlament.

“VÍA CRUCIS” EN MADRID Munté también se refirió a la delicada situación que vive en Madrid el partido surgido de las cenizas de CDC, donde ha perdido el grupo parlamentario propio por primera vez al no cumplir los requisitos mínimos que exige el Reglamento de la Cámara baja. La número dos de la formación presidida por Artur Mas cree que la decisión de la Mesa del Congreso de no interpretar favorablemente el citado precepto se debe a una “represalia” por parte de los grandes partidos estatales presentes en ese órgano. Tanto es así que calificó la coyuntura como “un vía crucis por el que algunos tenemos que pasar por defender nuestras ideas”. Al mismo tiempo, minimizó la importancia del desfavorable estudio del CIS, que anunció un nuevo retroceso electoral de la antigua Convergència, y negó la existencia de un conflicto con sus socios de ERC, que rechazaron ampliar su grupo parlamentario para incluir a los ocho diputados del PDC.