Un año después de ordenar arrestos por todo el país, las autoridades chinas iniciaron ayer los juicios y las condenas de abogados o activistas de derechos humanos, con fuertes medidas de seguridad y nuevas formas de propaganda para defender la “legalidad” del proceso. Los ciudadanos de la urbe de Tianjin, a unos 140 kilómetros al sureste de Pekín, sabían ayer que algo “inusual” ocurría en la ciudad, pues una de sus principales avenidas amaneció parcialmente cortada al tráfico y más de un centenar de policías vigilaba a los transeúntes en esta vía y en los alrededores.
La Policía guardaba el acceso al Tribunal Popular Intermedio número 2 de Tianjin, donde ayer se celebró el primer proceso relacionado con la campaña contra abogados de derechos humanos que las autoridades iniciaron en julio de 2015 con más de 300 arrestos o interrogatorios, el juicio al activista Zhai Yanmin. Tras una breve vista de tres horas en la que Zhai se declaró culpable, la corte lo sentenció a tres años de prisión por “subversión”, aunque con cuatro años de suspensión, por lo que en la práctica Zhai no pasará por la cárcel si no comete un delito en este periodo, según explicó a Efe el abogado Ge Wenxiu.
Ge trató de representar al activista, pero las autoridades judiciales le negaron el acceso a la corte, a pesar de que había sido contratado por la familia, e impusieron a uno escogido por el Estado. “No voy a comentar la sentencia, porque todo forma parte de una completa ilegalidad”, declaró airado el letrado, también afectado por la operación policial contra su colectivo.
Del total de arrestados el año pasado, alrededor de una veintena siguen detenidos y la mayoría no ha podido tener acceso a un abogado de su libre elección o a contactar con sus familiares. Liu Ermin, esposa del activista juzgado, da fe de ello: sin noticias de su marido desde su detención en 2015, tampoco pudo verle ayer en el juicio pues las autoridades la pusieron el lunes bajo arresto domiciliario. Hace unos días, Liu escuchó rumores de que el juicio podría empezar y se presentó en Tianjin para pedir una confirmación, pues en todo este tiempo ni siquiera ha recibido una notificación del arresto, pero acabó en comisaría y posteriormente en su vivienda bajo vigilancia, relata.
Tras escuchar la sentencia, que también incluye privación de derechos políticos durante cuatro años, Zhai Yanmin contradijo a su esposa en declaraciones a los medios autorizados a entrar en la corte y aseguró que su familia no había acudido porque él mismo se lo pidió.
conspiración La corte de Tianjin dirimió que Zhai y otras tres personas -Hu Shigen, Zhou Shifeng y Li Heping, también detenidos en el marco de la campaña- “conspiraron y urdieron para subvertir el poder estatal” y “establecieron un sistema ideológico, un método y los pasos necesarios para hacerlo”. De forma inusual, algunos medios que no forman parte del aparato oficial del Gobierno pudieron entrar a la vista, entre ellos el diario hongkonés South China Morning Post, que ha acercado posturas con Pekín tras su compra por parte del magnate chino Jack Ma.
La prensa extranjera desplazada al lugar tuvo que lidiar con la policía, que les instó a permanecer en un hotel donde se había habilitado una suerte de sala de prensa con una pantalla en la que se exponían comunicados del “juicio en tiempo real” y donde folletos turísticos sobre la ciudad daban la bienvenida a los reporteros. No obstante, la información siguió publicándose por las vías tradicionales, como la agencia oficial Xinhua, que tilda a Zhai -quien comenzó su activismo en las protestas de Tiananmen de 1989- de “organizador de protestas a sueldo”.
El juicio del activista es el primero de los cuatro que se celebrarán esta semana en la misma corte, entre ellos el de Zhou Shifeng, el director del bufete Fengrui de Pekín que reunía a los abogados de derechos humanos más destacados de China. Compañeros de profesión como Yu Wensheng prevén que el resto de personas que serán juzgadas esta semana recibirán sentencias similares o mayores y denuncian las irregularidades del proceso. “No hay nada que veamos que indique que Zhai recibió un juicio justo”, dijo Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional. En su opinión, el de Zhai es un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno chino utiliza los tribunales para “silenciar” las críticas.
