barcelona - El Tribunal Constitucional (TC) decidió ayer por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Catalunya en la que se marca la hoja de ruta del proceso soberanista hacia la independencia y dar 20 días de plazo a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, para que le informe de su actuación antes de una posible acción contra ella. Se trata de un primer paso para la posible adopción de medidas contra Forcadell, a la que además se advierte expresamente, como al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán, sobre su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran la suspensión acordada ayer. Sin embargo, el Govern catalán no se siente aludido por la decisión adoptada ayer por el alto tribunal de garantías y el presidente de la Generalitat lanzó un aviso: “cumpliremos el compromiso adquirido con la ciudadanía catalana y crearemos un Estado libre, moderno y próspero”.
En apenas hora y media -el tiempo que duró la reunión del Constitucional-, el alto tribunal de garantías admitió a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado. Esa medida supone la suspensión inmediata de la resolución del Parlament catalán del pasado 27 de julio por un plazo de cinco meses, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.
Deja así sin efecto momentáneo la resolución en la que el Parlament aprobó el pasado 27 de julio -con los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP- las conclusiones emitidas por la comisión que estudió el proceso constituyente, lo que abre la puerta a una eventual declaración unilateral de independencia, desoyendo el aviso previo en contra del TC.
Además, esta vez los magistrados de este alto tribunal han dado un paso más allá de la mera suspensión de la resolución aprobada por el Parlament y requieren a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara para que en el plazo de 20 días informen sobre el cumplimiento por su parte de la sentencia del 2 de diciembre de 2015 y el auto del pasado 19 de julio del TC. Así, por primera vez el Constitucional inicia los trámites para “la eventual adopción de las medidas previstas” en el artículo 92 de la ley que regula el funcionamiento del tribunal.
Este precepto permite tomar medidas coercitivas como la multa o la suspensión de las funciones e incluso abrir la vía penal, medida que solicitó el Ejecutivo de Rajoy contra Forcadell por el incumplimiento de las citadas resoluciones con las que el TC paralizaba la resolución independentista catalana. Además, el Constitucional ha dado una advertencia directa a Carme Forcadell, a Carles Puigdemont y al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán, sobre su eventual responsabilidad si ignoran la suspensión acordada ayer.
Dispuestos al desacato Con Carme Forcadell de vacaciones en Etiopía, fue el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont el primero en responder al requerimiento del Constitucional. La respuesta del jefe del Ejecutivo catalán no deja margen a la duda. Van a seguir con el proceso soberanista desoyendo de este modo las indicaciones del Constitucional. “Obedeceremos, claro que sí. Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero”, escribió el presidente de la Generalitat en su cuenta de Twitter. Puigdemont fue más allá al afirmar que “obedecer a un Parlament escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, sin embargo, lo convierte en una proeza”.
El portavoz de ERC en el Congreso de los diputados, Joan Tardà, manifestó que, si es preciso, están dispuestos a llegar al desacato a lo establecido por el Constitucional. Ante lo que calificó como “una vía autoritaria”, Tardà afirmó que su partido “se mantendrá fiel” a la Cámara catalana y subrayó, además, que, “si tenemos que desacatar, desacataremos”. Desde la antigua Convergència, ahora Partit Demòcrata Català (PDC), su coordinadora general Marta Pascal tachó de inaceptable la suspensión dictada por el Constitucional. “El Estado ha roto de nuevo los principios básicos de la democracia y se ha demostrado, una vez más, que la separación de poderes en el Estado español hace tiempo que no existe”, aseguró en un comunicado. Pese a esta decisión del alto tribunal, y ante los pasos a seguir, Pascal afirmó que “nada nos hará renunciar a seguir siendo fieles al mandato que la gente expresó en las urnas el 27 de septiembre”. Por su parte, la CUP, que aprobó junto a JxSí las conclusiones de la comisión del proceso constituyente catalán, afirmó en un comunicado que “no acatará” la suspensión y seguirá impulsando el proceso soberanista para construir la república catalana.
En el otro lado de la balanza, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, mostró el apoyo incondicional de la formación naranja al Constitucional y al Gobierno de Rajoy “en todos sus esfuerzos para el mantenimiento de la ley y la democracia”, mientras que la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, además de mostrar el apoyo del partido de Génova al Constitucional, aseguró que Carmen Forcadell deberá asumir las consecuencias por su “actitud irresponsable”.
