BILBAO - Aquel lluvioso 18 de octubre de 1982 los padres de Iñaki no volvieron a casa. Un control de la Policía Nacional ordenó a Victoriano Aguiriano y María Ángeles Barandiarán que detuvieran su vehículo. Ante su negativa, se inició una ráfaga de disparos que acabó con la vida de los dos pasajeros. El suceso fue olvidado por las autoridades y solo ahora se abre una vía para reconocer la vulneración que les impidió regresar a su hogar con sus hijos.

¿Cómo vivió usted la muerte de sus padres?

-Nadie se espera que tus padres salgan de casa y ya no vuelvan. Un accidente le puede pasar a cualquiera, pero esto no fue un accidente. Hay que decirlo claramente: fue un asesinato porque eran personas indefensas.

¿Pudo conocer lo que realmente ocurrió?

-En un principio se abrió una vía penal. Nos dijeron que, por lo visto, hubo testigos, pero se debieron de echar atrás por amenazas. La vía penal se cerró y el caso se quedó en el más absoluto de los olvidos. Un montón de años después nos dieron una mísera indemnización, una especie de limosna para que nos calláramos.

¿Ha contado con algún tipo de ayuda institucional durante todos estos años?

-No tuvimos contacto con ninguna institución. Como ocurre en todas partes, la sociedad siempre está por encima de las instituciones, que eran las que en ese momento nos tenían que haber dado apoyo. La gente de Bergara se portó de manera admirable.

¿Cree que ha habido un silencio deliberado alrededor de su caso?

-Sí, creo que las instituciones siempre han tapado hasta cierto modo y han hecho un fango sobre las víctimas porque hasta ahora parece que solo había víctimas de ETA. A todas las demás se las ha tratado de invisibilizar. Todos se han aprovechado de sus víctimas, a las demás se las ha tapado, como si no hubieran existido.

¿Supone un antes y un después la aprobación de la ley de reconocimiento de víctimas de abusos policiales?

-Creo que la ley por lo menos aporta cierta dignidad a las víctimas. Las instituciones reconocen por primera vez que algo han hecho mal, que se han vulnerado unos derechos, que las víctimas eran, ante todo, personas.

¿Llega tarde ese reconocimiento?

-Sí, en nuestro caso han pasado 34 años. Ha sido por las trabas que ponen ciertos partidos para que cosas así no salgan adelante. Ahora por lo menos es una ley y no un decreto. Lo que no entiendo es que se presenten ciertas enmiendas. Nos lleva a pensar que las únicas víctimas que importan son las de cada uno. Es algo que da rabia.

Usted participó en la iniciativa Glencree del Gobierno Vasco. ¿Qué puntos positivos sacó de ella?

-Fue una experiencia bonita porque hasta 2011 el caso de mis padres estuvo aislado. Yo conocía casos mediáticos, pero el estar allí con gente que ha sufrido también vulneraciones de derechos humanos te aporta cierta empatía. Te pones en su lugar, ves lo que han sufrido ellos y lo que has sufrido tú. Uno se cree que le ha tocado a él todo, pero hay otras personas que también lo han pasado realmente mal. Es algo duro.

¿Reconforta compartir el testimonio con víctimas de otro tipo de vulneraciones?

-Desde luego que sí. Por lo menos sabes que tienes cierto apoyo y empatía de otro, que no estás solo. Hasta entonces cada uno estábamos en nuestra burbuja. Manteníamos reuniones con el equipo dinamizador, pero luego también teníamos ratos de ocio en los que nos pudimos conocer mejor y formamos relaciones más estrechas. De hecho, seguimos en contacto entre todos.

¿Cree que la nueva ley es un paso suficiente?

-Creo que es un paso importante. Tardío, pero un paso. Sin embargo, hay víctimas que no se han incluido. Habría que reconocer a todas sin importar el año, como si ocurrió ayer mismo. ¿Una víctima del 2000 no puede ser reconocida por ese límite? Deberían estar incluidas todas.

¿Se deben hacer esfuerzos por reabrir y esclarecer los casos?

-Claro que me gustaría que se reabriera el caso, que se investigara. A mí lo que verdaderamente me gustaría saber es lo que pasó exactamente. Solo contamos con la versión oficial, pero aquí las versiones oficiales ya sabemos cómo son.