El informe del Gobierno Vasco acredita 4.000 denuncias de torturas de las que la justicia resarció a 32 entre 1960 y 2013

4.009

Identificados que denuncian tortura o malos tratos. Cuando concluya el trabajo, la cifra puede alcanzar los 4.800-5.000 casos. De las poco más de 4.000 personas se han insertado ya en la base de datos 3.577 casos (un 83%, víctimas varones) y 2.000 se han analizado “en profundidad”. Hasta la fecha se ha aplicado el protocolo de Estambul para comprobar la veracidad de las denuncias a 202 casos.

Gipuzkoa1.603 casos

Bizkaia1.203

Araba270

Otros340

1960271 casos

1970780

19801.184

1990777

2000495

201056

Guardia Civil. 1.589 casos. De ellos, 204 han sido por el método de la bolsa; 89 con electrodos; 87, por la bañera; 139, por plantón; y 147, por extenuación física y flexiones.

Policía. 1.561 casos. De ellos, 32 han sido por el método de la bolsa; 22 con electrodos; 31, por la bañera; 76, por plantón; y 92, por extenuación física y flexiones.

Ertzaintza. 310 casos. De ellos, un caso por el método de la bolsa; 30, por plantón; y 18, por extenuación física y flexiones.

Policías municipales. 4 casos.

Funcionarios de prisiones. 19 casos.

Otros. 39 casos.

9

Los fallos condenatorios no llegan a 10 y castigan a 49 hombres y una mujer por torturar a 32 detenidos entre 1979 y 1992. La década de los 80 destaca por las primeras condenas. Después, recoge el informe, “se produjeron algunos cambios en los métodos de tortura”.

donostia - El proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013 que arrancó a mediados de 2014 por encargo del Gobierno Vasco al Instituto Vasco de Criminología y lidera el antropólogo forense Paco Etxeberria ha identificado a 4.009 personas, una cifra que podría rondar los 4.800-5.000 a final de año, cuando se prevé ofrecer las conclusiones definitivas del informe.

Etxeberria, acompañado por el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernandez, explicó ayer en Donostia cómo se encuentra la investigación, que continúa recabando testimonios, verificando casos y completando una base de datos en la que se hallan ya 3.577 denuncias, de las que 2.000 se han analizado en profundidad. A 202 de ellas se les ha aplicado el protocolo de Estambul, una “herramienta diagnóstica aprobada por la ONU”.

“Todo el mundo ha confiado en la bondad de la iniciativa”, subrayó Etxeberria en referencia a las instituciones políticas, sociales, económicas y civiles a las que se han dirigido estos meses en búsqueda de documentación él, el psicólogo social Carlos Martín Beristain, y la jurista Laura Pego, junto a los cerca de 40 investigadores implicados en el trabajo. Etxeberria incidió además en que las víctimas de los malos tratos también están respondiendo de manera positiva.

“Las personas afectadas han creído que esta era la oportunidad”, señaló para resaltar el elevado “nivel de confianza en la institución”, en referencia al impulsor del estudio -Gobierno Vasco-, aunque advirtió de que hay personas que, tras acudir a ofrecer testimonio, no han podido hacerlo al revivir lo ocurrido décadas atrás y han pedido un tiempo.

Con la esperanza de sumar estos casos en los próximos meses y aquellos que el equipo de investigadores tiene noticia por, entre otros, mociones de ayuntamientos, recortes de prensa, un sobre que envió la semana pasada un centro “de referencia” danés con 50 casos vascos que ha investigado durante años y hasta historiales clínicos -un médico “que se está jubilando” ha cedido documentación-, el equipo trabaja bajo un deber de confidencialidad que abarca a más de 22.000 documentos y grabaciones de los testimonios de las víctimas que así lo están queriendo: “Tenemos pruebas que no podemos enseñar. Créanme que es cierto”.

Perfiles “Hablamos de sacerdotes, cirujanos, directores de cine, jóvenes, catedráticos de la universidad, responsables políticos, sindicalistas...”, perfiló Etxeberria, que aseguró que el 42% de los casos quedó en libertad y ni siquiera pasó por delante de un juez durante su incomunicación.

Una de esas denuncias, relató el director de la investigación, se ha contrastado con la baja laboral de “cuatro o cinco días” que el médico de la empresa en la que trabajaba la víctima recomendó al empleado tras diez días de incomunicación.

Ni en ese caso ni en muchos otros hubo cauce judicial para las denuncias de unos malos tratos que no se han registrado ni en 2015 ni en 2016 “para alivio de todos”. Del censo de 4.009 casos solo 32 víctimas de torturas (0,7%) han visto el reconocimiento judicial, mientras que 50 funcionarios han sido condenados.

“Lo que no puede ser es que, después de realizar esta tarea, alguien diga que esto es todo mentira, hay 4.000 personas que son unos mentirosos”, zanjó Etxeberria -abierto a críticas “desde una perspectiva técnico-científica”- antes de ejemplificar que, tras ser puesta en libertad, una persona se fotografió el cuerpo. Una imagen con las secuelas de las torturas que ha estado décadas guardada.

El antropólogo forense también detalló que los investigadores se toparon con una cinta magnetofónica con el testimonio de una persona torturada en la década de los 80 y que ahora ha ofrecido su testimonio. No supo hasta que acabó que existía la cinta. Los dos relatos eran idénticos. En palabras de Etxeberria, “las personas cuentan lo que han vivido”.

En el caso concreto de las 202 personas que se han mostrado dispuestas a que se les aplicara el protocolo de verificación de Estambul (aprobado por la ONU en el año 2000), los resultados son “concluyentes en lo que respecta a la credibilidad de los relatos y, por lo tanto, de los hechos denunciados”: el 9% de las peritaciones son de “máxima consistencia”; el 40%, muy consistentes; el 49%, consistentes; y el 2%, “inconsistentes para tortura, aunque consistentes con tratos inhumanos o degradantes”.

Etxeberria advirtió de que “no menos del 5% de los casos” presentan hoy, incluso décadas después de las torturas, “secuelas psicológicas”. El grupo de expertos instó al Gobierno Vasco a “implementar medidas asistenciales específicas y especializadas, evitando en todo momento la revictimización”.

Datos diversos El estudio, presentado ayer en el marco de un curso de verano, arrancó en febrero de 2015 con una primera cuantificación de las denuncias. Los expertos han partido desde numerosa bibliografía, entre la que Etxeberria citó Tortura: una aproximación estadística, del exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco Jon Mirena Landa; el informe que el propio Landa, Manuela Carmena, el obispo Juan María Uriarte y Ramón Múgica presentaron en 2013 sobre Vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (que abría la puerta hasta a 5.500 casos de malos tratos); y una publicación reciente de Argituz sobre la incomunicación y la tortura.

Tras estudiar la información existente y recibir los testimonios, el grupo ha investigado 200 casos representativos y en las próximas semanas estudiará de manera cualitativa 40 casos antes de elaborar las conclusiones, previstas para final de año.

De los 4.009 recogidos, 3.577 ya están debidamente documentados en la base de datos, que también enlaza a los documentos asociados a cada caso. La “sorpresa” de Etxeberria, más que el número de casos ha sido la cantidad de información que han podido encontrar, así como pruebas documentales, periciales y testificales, que son las que están recogiendo, más de 900, en audio o vídeo.

Todo se ordena en una base de datos, confidencial, que servirá para radiografiar los casos de torturas en función de distintas variables como el cuerpo policial responsable, un perfil de la víctima y la evolución de los casos por décadas.

Por décadas En este sentido, el año con más denuncias (265) fue 1975, con el estado de excepción, y los que menos, los dos últimos (0) y 2013 (1). Junto a ello, los años en los que ETA declaró una tregua también presentan una caída de las denuncias de malos tratos.

Los números muestran diferencias entre las denuncias contra los cuerpos policiales, pero Etxeberria insistió en no mezclar. Ante los 1.589 casos que se le imputan a los agentes de la Guardia Civil y los 1.561 de la Policía, la Ertzaintza presenta 310, los funcionarios de prisiones, 19; los municipales, 4; y otros, 39. La diferencia también se da, según las denuncias, en el tipo de malos tratos.

La justicia llegó a condenar a 50 funcionarios policiales entre 1979 y 1992 por torturar a 32 personas (el 0,7% de lo investigado hasta la fecha). El Tribunal Supremo ratificó varias condenas y “se produjeron algunos cambios en los métodos de tortura para tratar de dificultar la prueba forense que los acreditase”.

Luego no ha habido un número de sentencias acorde a las denuncias porque, pese a existir desde 1997 un protocolo para el reconocimiento médico forense a los arrestados con el fin de que la información médica sea “más clara y concisa como elemento de prueba fundamental ante los tribunales”, no se ha aplicado “salvo excepciones. Es increíble”. “Si no se reconoce la realidad”, zanjó Etxeberria, es “imposible introducir un factor de mejora en la gestión”.

El Gobierno Vasco, por su parte, aprobó en 2003 un protocolo para la Coordinación de la Asistencia a Personas Detenidas en Régimen de Incomunicación que, aunque puede ser “mejorado” como sugirió el Ararteko en 2011, según Etxeberria, se aplica “solo en las detenciones practicadas por agentes de la Ertzaintza”.