barcelona - Las alarmas han empezado a sonar en el Govern catalán y en la coalición que lo sostiene, Junts pel Sí (JxSí), y su estruendo aumenta a medida que se acerca el miércoles de la próxima semana, día en que el Parlament votará el proyecto de Presupuestos presentado por el conseller Oriol Junqueras y que la CUP se niega a apoyar. El rechazo de los cuperos provocaría la retirada de las cuentas públicas y, en su caso, la prórroga automática, a no ser que durante el trámite parlamentario surgiera un nuevo aliado que respaldara el proyecto.

La prórroga presupuestaria constituiría un serio revés para el gobierno de Puigdemont medio año después de su investidura como president con el beneplácito de la formación anticapitalista. De consumarse el portazo, el denominado procés quedaría tocado, tal y como advierten desde el Govern y Convergència, hasta el punto de que algunos dirigentes de esta formación han especulado incluso con el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones si las cuentas no se aprueban. El primer trámite parlamentario, que los presupuestos no superarán si la CUP no retira su enmienda, tendrá lugar la semana que viene.

Solo desde esta perspectiva se entiende la dureza de las palabras ayer del president Carles Puigdemont contra sus aliados en el proceso de desconexión del Estado español en el que se han embarcado las fuerzas soberanistas catalanas en un plazo de 18 meses. En un acto en Viladecans (Barcelona), el jefe del Ejecutivo catalán acusó al partido anticapitalista de “destructores” y de “desgarrar” el proceso soberanista con su actitud, ya que “solo los catalanes podemos impedir la independencia haciendo las cosas mal”.

La reprimenda pretende aflojar la posición en torno a las cuentas de la CUP, que insiste en su enmienda a la totalidad y pide a Puigdemont un nuevo proyecto presupuestario trabajado de manera negociada que, entre otras cosas, no tenga en cuenta el límite de déficit fijado por el Gobierno español (de un 0,7% del PIB), que se suban impuestos a las rentas altas y que se “reviertan” los recortes sociales. “La enmienda a la totalidad es una decisión en firme de la CUP, dejen de especular con una posible retirada”, insisten los cuperos. La decisión pone en jaque a Junts pel Sí, que ha intentado seducir al partido de Anna Gabriel con la promesa de que en la tramitación de los presupuestos se incorporaría la rebaja del IRPF a las rentas más bajas. También ha planteado aumentar el techo de gasto e incorporar impuestos anulados por el Tribunal Constitucional, como pedía la CUP, así como recuperar el impuesto sobre depósitos bancarios y sobre la producción de energía nuclear, y mantener como ingresos otros dos impuestos suspendidos (el impuesto sobre pisos vacíos y el que grava a las empresas de telecomunicaciones).

Junqueras destaca la “apuesta social” de estos presupuestos en los que, por departamentos, Salud se lleva la parte del león del gasto, 8.701 millones, el 21,2%; mientras que Enseñanza copa el 14% de los desembolsos, con un total de 4.625 millones. En variación absoluta Salud crece un 3,7% y Enseñanza lo hace en un 4,8%.

El president catalán pidió ayer aparcar “apriorismos ideológicos y ventajas partidistas” para aprobar unos presupuestos que, según remarcó, incrementan en 870 millones de euros las partidas destinadas a luchar contra la pobreza en Catalunya. “Al día siguiente de una derrota o un derrumbe, en este país siempre se alza una generación de constructores dispuesta a remendar aquello que los destructores han rasgado”, afirmó Puigdemont sin mencionar explícitamente a la CUP, formación a la que advirtió de que “hay destructores que son generadores de pobreza con su acción, con sus actos y con su irresponsabilidad social”.

Puigdemont tiene de plazo hasta el miércoles para revertir la situación, aunque el encono de las partes no deja mucho margen a la negociación. Menos aún después de que las concesiones realizadas por el Govern hayan sido desatendidas en su totalidad por la CUP. La no aprobación de los Presupuestos llevaría a la prórroga de unas cuentas que ya fueron prorrogadas en diciembre de 2015, todavía con Artur Mas de president, al no contar tampoco entonces con el respaldo de los anticapitalistas. El Govern quedaría en el alambre con unas cuentas muy arrugadas en cualquier caso y más para poder acometer el proceso de desconexión.

Mientras aguarda a un cambio de actitud de la CUP, Puigdemont presiona convocando reuniones in extremis como la que ayer mantuvo con los líderes de la ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) para alertar de los efectos de un veto a los Presupuestos. Es el penúltimo intento para hacer ceder a los cuperos y evitar poner en riesgo la legislatura.