gasteiz - La semana pasada, según las informaciones publicadas, la que fuera diputada foral alavesa de Promoción Económica entre 2007 y 2011, Arantza Zenarruzabeitia, acudió a declarar a la Audiencia Provincial de Álava en calidad de investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La Justicia indaga en un convenio suscrito en 2010 entre la sociedad pública Álava Agencia de Desarrollo y la asociación DenokInn por valor de 241.379 euros y que, según la investigación preliminar del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se realizó sin ceñirse a los requisitos exigidos en la normativa sobre subvenciones públicas en materia de publicidad y concurrencia. De Euskadi la causa pasó al organismo fiscalizador estatal, el Tribunal de Cuentas, y de ahí a la Fiscalía alavesa.
Ayer el diputado general alavés, Ramiro González, explicó que según el Tribunal de Cuentas el caso hace referencia “a una subvención de 2010 que no se había justificado”, y que “la Diputación ya dejaba claro todo lo que se podía argumentar al respecto en las alegaciones que presentó en su día”. González, quien confió en que el procedimiento judicial siga su curso y todo se aclare”, afirmó que hasta ahora ninguna de las investigaciones abiertas por el Tribunal de Cuentas en Euskadi “ha llegado a ningún sitio”.
González se refirió además al caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción tejida en torno al exdiputado Alfredo de Miguel, para explicar que la Diputación no pedirá de momento una indemnización al no haberse probado hasta ahora que en este presunto caso de corrupción haya habido perjuicio económico para la institución foral, informa Efe. González recalcó que la Diputación está personada como “actor civil” y no como acusación particular por decisión del juez instructor, Roberto Ramos. - T.D.
