MADRID - La previsible convocatoria de nuevas elecciones generales en junio supondrá un perjuicio añadido para los partidos que no obtuvieron representación en los pasados comicios del 20 de diciembre por la obligación de tener que volver a presentar los avales exigidos apenas cuatro meses después. La ley establece que las formaciones que quieran presentarse a la cita con las urnas deben reunir las firmas del 0’1% del censo de cada provincia, “un total de 37.000 o 38.000 firmas a nivel nacional”, según el cálculo de uno de los partidos afectados, Recortes Cero. Ello supone un importante coste en recursos económicos y humanos para partidos pequeños como UPyD y Vox, además de Pacma y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), los que más candidaturas presentaron el 20-D.
La consecuencia, además de una crítica generalizada, es que algunos de ellos ya han elevado recursos ante la Junta Electoral Central (JEC), tal y como hizo el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) el pasado martes. El parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, aseguró que “movilizar a todas las personas y el material supone un gasto de energía, pero lo más injusto es la barrera de entrada hacia la pluralidad”. Insistió en que la formación magenta “defiende siempre la pluralidad”, lo que podría verse comprometido por esta medida, por lo que expresó su oposición a la misma. En declaraciones a Efe, Maneiro se mostró no obstante optimista y aseguró que respetarán la ley electoral y se adaptarán a la normativa vigente. Explicó que UPyD aprovechará la recogida de avales para acercarse a la sociedad, presentarse en las ciudades y hacer campaña tras el mal resultado que cosechó en las pasadas elecciones, en las que perdió casi un millón de votos.
Más crítico se mostró el secretario general de Vox, Javier Ortega, quien aseguró que “estamos en contra del sistema desproporcional actual y, por supuesto, de la discriminación a los partidos pequeños, a los que nos obligan a recoger firmas para presentarnos a las elecciones”. Arremetió por ello contra el sistema electoral actual por no dar el mismo valor al voto “de todos los españoles”. Con esta opinión coincide el Pacma, quien en su recurso ante la JEC pide que se determine la “excepcionalidad” de estas elecciones y no se obligue a conseguir nuevas firmas a los partidos que, pese a no lograr el respaldo suficiente para entrar en las Cortes, sí presentaron los avales necesarios para el 20-D.
La presidenta de la formación animalista, Silvia Barquero, remarcó que el apoyo de los ciudadanos a su partido ya quedó acreditado hace cuatro meses, cuando consiguieron “entre 400.000 y 500.000” rúbricas en “apenas dos semanas”. Incidió además en otra crítica recurrente, que pese a lograr cerca de 220.000 votos, los mismos que EH Bildu, “por una ley electoral tremendamente injusta” la formación aber-tzale sí obtuvo representación en el hemiciclo y su partido no.
Antidemocrático El secretario de Organización del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), Julio Díaz, culpó de esta situación a los partidos que sí accedieron al Congreso en diciembre, por su incapacidad de lograr un acuerdo: “¿Qué culpa tenemos nosotros de que ustedes hayan fracasado?”. “Es una golfada. Nos obligan a utilizar recursos humanos y económicos tras haber conseguido los apoyos en tiempo y forma hace solo cuatro meses”, insistió. Joanen Cunyat, número dos de Recortes Cero por Madrid, zanjó: “Es una medida profundamente antidemocrática”.
Cita excepcional. PCPE apunta a la responsabilidad de los partidos con representación en la Cámara Baja por su incapacidad para alcanzar un pacto que evitara los comicios.
Desgaste de medios. UPyD y Vox denuncian “discriminación” y un sistema desproporcional.
Ley electoral, injusta. Pacma recuerda que, pese a lograr casi 220.000 votos el 20-D, los mismos que EH Bildu, la coalición abertzale logró representación y la formación animalista, no.
