madrid - El Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy mantiene su espíritu recentralizador hasta el final de sus días. En puertas de una nueva convocatoria de elecciones generales, el Ejecutivo español intenta meter mano al proyecto de ley de Empleo Público Vasco impulsado por el Gobierno de Gasteiz y actualmente en trámite parlamentario. El Estado ha remitido a Lakua el preceptivo informe de conclusiones al texto y en el mismo expone un buen número de objeciones al texto que lo desnaturalizan en algunos de sus apartados, especialmente en lo referente a la estabilidad de los empleados públicos temporales y eventuales. Con todo, la alegación más llamativa es la que persigue que los funcionarios vascos acaten obligatoriamente la Constitución española para adquirir esa condición.
El informe realizado por el Gobierno español sobre el proyecto de ley advierte de que el artículo 64 del mismo, referido a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, contraviene la legalidad que establece que “para adquirir la condición de funcionario de carrera deberá celebrarse un acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico”.
El grueso de las objeciones del Gobierno español hace referencia a los apartados en los que el texto presentado por el Ejecutivo de Urkullu plantea medidas de estabilidad para los trabajadores públicos que llevan años en situación de interinidad. Aduce que las fórmulas previstas en el proyecto de ley para abordar los procesos de consolidación de empleo son ilegales. Así, por ejemplo, sobre lo dispuesto en el borrador sobre el proceso especial de consolidación de empleo temporal en las administraciones públicas vascas, el Gobierno de Rajoy alega que las leyes de Presupuestos Generales del Estado español de los últimos años “han prohibido este tipo de procesos, salvo que se realicen con cargo a la tasa de reposición de efectivos autorizada”.
El informe concluye que el proyecto de ley “en varios preceptos, no se ajusta a la normativa básica del Estado, por lo que debe modificarse”. En la práctica supone el paso previo a la presentación de un nuevo recurso judicial a una normativa vasca. En este caso con la particularidad de que se trata de un proyecto de ley en tramitación por el Parlamento Vasco y que, por tanto, aún no ha sido debatido ni aprobado. El texto fue acordado por el Gobierno de Gasteiz el 22 de diciembre del año pasado y enviado a la Cámara vasca tres días después.
Las objeciones del Gobierno de Madrid al proyecto de ley condicionarán y distorsionarán su debate parlamentario en el caso de que llegue a pleno, lo cual puede que no ocurra si el lehendakari, Iñigo Urkullu, decide adelantar a junio las elecciones autonómicas inicialmente previstas para otoño.
No es la única injerencia competencial recibida por una normativa vasca en las últimas fechas. La semana pasada, el Gobierno español en funciones anunció el recurso contra la ley vasca contra el fracking, así como el decreto sobre el sistema vasco de becas, una competencia transferida que lleva tres décadas funcionando con normalidad y cumpliendo los objetivos marcados. En cualquier caso, Lakua se ha comprometido a mantener el sistema de ayudas a los estudiantes. Sobre el recurso contra la normativa que impide la extracción de gas a través del fracking, el Ejecutivo de Rajoy aprobó actuar contra esa ley aprobada con los votos de EH Bildu, PSE y PP, y la abstención del PNV que, pese a todo, se comprometió a defender las competencias vascas ante el cuestionamiento de Madrid.
invasión competencial Durante toda la legislatura el Gobierno de Urkullu ha denunciado las continuas invasiones competenciales del Ejecutivo de Rajoy sobre leyes y decretos vascos que han sido anulados por la vía de los decretos básicos o los recursos judiciales. Los recortes del autogobierno se han producido en todo tipo de materias: copago farmaceútico, supresión de la paga extra navideña a los funcionarios, ampliación del horario lectivo del profesorado o la apertura de comercios en domingos y festivos, entre otros.
El Gobierno Vasco ha respondido a las actuaciones recentralizadoras de Madrid con la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional, en un número que se acerca a la veintena.
