barcelona - El acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP que permitió la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat atraviesa su momento más crítico a cuenta de la moción presentada por los anticapitalistas para acelerar la ruptura con España. La coalición formada por CDC y ERC, pese a estar en desacuerdo con esta iniciativa por considerar que se pasa de frenada, hizo valer ayer su mayoría en la Mesa del Parlament para admitirla a trámite. Eso sí, con condiciones, al exigir a los cuperos que introduzcan cambios en la misma. La prueba definitiva tendrá lugar en el pleno del 7 de abril: si la moción no se ha adaptado entonces al gusto de JxSí por la vía de enmiendas y transacciones, la Mesa propondrá a los 135 diputados decidir si el texto se vota o si se retira del orden el día.

La moción insta al Parlament a elaborar en el plazo de un mes un plan de trabajo para impulsar el contenido de los anexos que aparecen en la declaración de ruptura que aprobó el Parlament el pasado 9 de noviembre. Toda vez que el Tribunal Constitucional suspendió dicha resolución, la iniciativa impulsada por la CUP, que busca acelerar la desconexión con el Estado, supone a su vez una clara desobediencia del tribunal. Así lo cree Junts pel Sí, y por ello la consellera de la Presidencia, Neus Munté, criticó ayer la “excesiva gesticulación” de la formación anticapitalista. “No creemos que sea necesario pasar una reválida cada 15 días en el Parlament”, agregó en referencia al compromiso de la coalición con el proceso soberanista.

Las espadas están, por tanto, en alto en los dos grupos parlamentarios soberanistas después de que la diputada de la CUP Anna Gabriel advirtiera ayer de que “no vamos a modificar ni una coma de la moción porque no modificamos nuestros anhelos de libertad, porque somos coherentes y porque mantenemos la palabra y los compromisos”. Como consecuencia añadida, si se mantienen firmes en esta posición y el Pleno es el que decide si se vota la moción, los imputados en una eventual investigación por saltarse la resolución del TC serían los diputados que votaran y no solo la Mesa del Parlament.

Dudas de JxSí El vicepresidente primero del Parlament, Lluís Corominas (JxSí), admitió que “el contenido de esta moción, si se sometiera a votación tal como está y en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, nos presenta unas dudas”. Tras la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces, agregó que “si el contenido no es congruente o hay dudas de su legalidad, como es el caso, lo que debe hacer la presidenta es someter al pleno si este punto se somete a votación”.

El portavoz parlamentario de la CUP, Albert Botran, dijo por contra que “no se trata de poner a prueba al Govern ni a ninguna formación”. “Lo que toca a la mayoría independentista de la Cámara, así como a un Govern independentista, es mostrar su firmeza y posición coherente con la declaración del 9-N, que está sufriendo una ofensiva judicial del Estado”, añadió.

Las críticas llegaron desde el resto de grupos, y así el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, reprochó a JxSí y la CUP que usen el Parlament para “dirimir sus rifirrafes”. El PPC coincidió en que “se utiliza de manera perversa el Parlament al servicio única y exclusivamente de los intereses de partido de CDC, ERC y la CUP”.