La incipiente legislatura se va deshaciendo como un azucarillo sin apenas haber nacido. Día a día se nos ofrece un espectáculo que va componiendo un puzle lamentable que solo puede soportarse a base de resignación. La crisis interna de Podemos -con todas sus palabras, porque lo es- es la última pieza del vodevil que entretiene al personal sin que aparentemente pase nada. Pero pasa. Y cosas graves, porque resulta que tenemos un Gobierno en rebeldía.

La Constitución, tantas veces invocada -en muchas ocasiones, en vano-, establece que las Cortes Generales tienen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos del Estado y “controlan la acción del Gobierno”. Es más, dedica un título completo (el quinto) a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, donde, entre otras cosas, dice que el Congreso y el Senado y sus comisiones “pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno” y que el Ejecutivo “y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras”.

Todo parece bastante clarito. Pero héte aquí que el Gobierno actual está “en funciones” y se niega a estar sometido al control del Congreso de los Diputados elegido el 20-D. Es decir, hay un Gobierno “viejo”, de la legislatura anterior, y un Parlamento “nuevo”, de otra legislatura, a la espera de que haya por fin un presidente que nombre su gabinete y se ponga de una santa vez a gobernar. Situación de ínterin que Rajoy y los suyos aprovechan para no tener que rendir cuentas de lo poco -más bien- o mucho que hagan.

Así que, para colmo y por si la situación no fuera ya de por sí frustrante sin que pueda atisbarse un acuerdo político, tenemos además un absurdo conflicto institucional, con un Congreso que quiere seguir cumpliendo una de sus funciones -la de control del Ejecutivo- pero con un Gobierno díscolo. Se supone que, como también deja claro la Constitución, las Cortes son la representación del pueblo soberano, pero eso son minucias para quien durante la legislatura anterior paseó su mayoría absoluta y la utilizó como un rodillo. Y aunque en realidad la materia que puede controlarse de la acción de Gobierno sea escasa, Rajoy y sus ministros deberían tener más respeto por el Parlamento -y, en consecuencia, por la ciudadanía- y atender sus peticiones. ¿No está entre los cometidos de un ministro ir a una comisión, aunque, como afirma el portavoz del PP, los demás grupos solo busquen “abrir el telediario”? (Por cierto, ¿alguien cree que puede abrir el telediario la información que ofrezca el titular de Defensa respecto a la reunión de Ministros de la OTAN sobre la operación naval en el Egeo?)

De momento, que se sepa, el Gobierno sigue celebrando sus Consejos de ministros todos los viernes y debe tomar decisiones. No debería, por tanto, ser un problema someterse a un mero control parlamentario. Solo faltaba que hasta en esto tenga que decidir el Tribunal Constitucional. Jamás una legislatura tan corta pareció tan larga.