Madrid - Según publicaba ayer el periódico digital eldiario.es a los dos titiriteros que fueron encarcelados en Madrid tras representar la obra La Bruja y Don Cristóbal se les intervino las comunicaciones en los cinco días que estuvieron en prisión por su “presunta capacidad criminal”. En un escrito presentado ayer por los abogados de Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez se recurría la inclusión de ambos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) de bandas armada. Los letrados pedían al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que anule la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la que se les incluyó en dicho fichero cuando entraron en prisión, de manera que se controlaban todas sus comunicaciones.
Los abogados mantenían, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ninguno de los dos titiriteros está siendo investigado por ningún delito de terrorismo ni por colaboración o vinculación con banda armada, por lo que no se cumplen los requisitos para que se les meta en el FIES. “De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el enaltecimiento el terrorismo no es un delito de terrorismo”, argumentaban, al igual que no puede confundirse, señalaban, “el delito de genocidio con la apología del genocidio”. Denunciaban que aunque ya están en libertad, continúan incluidos en el FIES, con lo que si volvieran a ingresar en prisión se les aplicarían automáticamente el régimen especial de este tipo de reclusos.
Interpelado por esta cuestión, el ministro del Interior en funciones Jorge Fernández Díaz aseguró ayer que la ley establece que “todas las personas ingresadas en prisión preventiva o que cumplan condena por delitos vinculados al terrorismo son motivo de un seguimiento especial”. Sin embargo, afirmó que desconocía si se hizo un seguimiento especial a los titiriteros porque, según detalló, hay 60.000 personas que cumplen condena o están en prisión preventiva en las prisiones españolas. El responsable de Interior señaló que si se hizo ese seguimiento especial, sería por haber sido acusados de apología del terrorismo. Así, recordó que ingresaron en prisión por orden judicial de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, por los presuntos delitos de apología del terrorismo, enaltecimiento y humillación de las víctimas.
Por su parte, desde el Ministerio de Interior detallaron ayer que toda interceptación de las intervenciones telefónicas o de comunicaciones a internos en prisión se realizan bajo la autorización del juez de vigilancia penitenciaria. - Efe/E.P.
