Gasteiz - El escrito de acusación del fiscal alavés ha devuelto a la actualidad el caso de Miguel. La presunta trama de empresas pantalla habría tenido por objeto cobrar comisiones en torno a las obras de ampliación del parque tecnológico de Miñano, y también lograr contratos en administraciones gobernadas por el PNV a cambio de trabajos que en varios casos no habrían llegado a realizarse, un procedimiento que habría servido para blanquear las comisiones supuestamente cobradas. En el escrito hecho público el viernes, el fiscal Josu Izagirre situaba como cerebro de la presunta trama a Alfredo de Miguel, diputado foral de Administración Local y Equilibrio en Araba durante el mandato de Xabier Agirre, que lo cesó de manera fulminante. Aunque el PNV se agarra a que el escrito del fiscal señala en todo momento que los acusados habrían buscado un enriquecimiento personal, el resto de formaciones pusieron ayer la lupa en el partido resaltando el pasado jeltzale del principal investigado y de otros excargos señalados en el caso, o lo culparon de no haber vigilado como debiera. El caso toma un nuevo impulso y retoma protagonismo en el debate político en el peor momento para el PNV, en puertas de las elecciones autonómicas de otoño y, quizás, de una nueva convocatoria de las generales ante las dificultades para acordar un candidato a la presidencia española. El juicio oral podría celebrarse en otoño, aunque hay voces que apuntan a un aplazamiento más allá de los comicios para no interferir en ellos. De todos los partidos, el más duro fue el PP, quien proclamó con solemnidad que la corrupción ha llegado a suelo vasco. La relación entre ambos partidos es inexistente, y ya tuvieron un severo encontronazo cuando el PP sembró la sospecha sobre la financiación de los batzokis. El PNV atribuyó su acusación a un intento de embarrar su imagen para relativizar los presuntos casos de corrupción que se ciernen sobre el PP a nivel estatal.

Ayer, sobre el caso De Miguel, la parlamentaria del PP Laura Garrido aseguró en declaraciones a Radio Euskadi que “afecta de lleno” al PNV. “Son personas a las que les une su pertenencia y militancia al PNV. De Miguel era el número dos del ABB y diputado foral de urbanismo. Era un cargo orgánico importante y muy vinculado al entonces presidente Iñaki Gerenabarrena y a Joseba Egibar”, dijo. Garrido se refirió también a las suspicacias del PNV ante la elevada petición de penas del fiscal y defendió que, si Izagirre ha tomado esa decisión, es porque “habrá visto indicios muy claros”. “Estamos ante el mayor caso de corrupción en Euskadi y parece ser que la corrupción llega al País Vasco y al partido que más tiempo ha estado en el poder”, lanzó.

Desde EH Bildu, Oskar Matute pidió que la justicia actúe con rapidez para probar lo que se imputa, aunque puso el acento en el pasado jeltzale de varios de los cargos supuestamente envueltos en la trama. “Creo que no estamos ante una trama pactada o urdida por personas individuales, desconocidas entre sí y conectadas solo por su afán de amasar dinero”, dijo, para agregar que “su grado de conocimiento entre ellos les viene dado por su pertenencia a un determinados partido”. “Estas personas no contactan entre sí para enriquecerse por ser del mismo barrio o ciudad, sino que pertenecen a un partido que tiene la capacidad de tener un contacto directo con la administración de recursos públicos y la gestión de los mismos”, dijo. Matute agregó que “se demuestra que la buena gestión del PNV no ha sido tanto cuando no ha sido capaz de detectar esto hasta que los tribunales han tenido que intermediar por denuncias de terceros”.

Por parte del PSE, la parlamentaria Miren Gallastegui sostuvo que el PNV “no actuó tan diligentemente como debiera, se pusieron trabas a los trabajos parlamentarios en relación a comisiones de investigación”. Además, afeó a los jeltzales que “minusvaloren” un escrito de acusación basado en pruebas.

defensa del pnv El parlamentario jeltzale Joseba Zorrilla defendió que el comportamiento de su partido fue “ejemplarizante”. “El PNV actuó con una contundencia que para sí quisieran otros. Se cesó a las personas que tenían cargos públicos y entregaron voluntariamente el carné de afiliado”, recalcó. También recordó que “los hechos que se les achacan se cometieron a título individual”.