Madrid - Las puertas giratorias, una de las prácticas más polémicas en el ámbito de la política según la cual exdirigentes saltan directamente de su cargo a la empresa privada -en muchas ocasiones con una relación directa con el que fue su ámbito de gestión-, tiene un reverso poco conocido: los diputados en el Congreso tienen derecho a una indemnización de cerca de 3.000 euros mensuales si no encuentran acomodo en el mercado laboral tras abandonar la Cámara baja. Una práctica perfectamente legal y regulada, pero que ha saltado a los medios esta semana por una de las últimas políticas en acogerse a la misma, la exministra de Sanidad Ana Mato. Esta dimitió en noviembre de 2014 después de que el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz afirmara en un auto que fue “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exmarido y exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, dentro del caso Gürtel.

Tras decidir que no se presentaría a las elecciones generales del 20 de diciembre para renovar su escaño, Mato ha solicitado ahora acogerse a la indemnización por cese, regulada en la normativa de pensiones del Congreso, al no encontrar otra vía de ingresos una vez abandonada la política activa. De este modo, la exdirigente del PP cobrará 53.464 euros repartidos en 19 mensualidades, 2.813 al mes por sus casi dos décadas como diputada. La Cámara baja reserva una cuantía de 1,3 millones de euros para indemnizar a los exparlamentarios que no encuentran un trabajo fuera de la política. Este pago, de 30 días por cada año trabajado hasta un límite de 24 meses, es incompatible con cualquier otro ingreso -del sector público o privado- tras la reforma del reglamento que se llevó a cabo en 2011.

De este modo, si un exdiputado se incorpora al mercado de trabajo está obligado a comunicarlo a la Cámara, momento en el que deja de recibir esta paga. Un caso paradigmático es el de Trinidad Jiménez, ministra socialista de Exteriores y Sanidad durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que tras acogerse a esta concesión durante poco más de un mes -del 13 de enero al 29 de febrero- ha dejado de hacerlo como consecuencia de su fichaje por Telefónica. Los integrantes de los distintos grupos parlamentarios no tienen derecho a paro porque no se considera que su relación con el Congreso sea laboral.

La Mesa del Congreso aprobó el pasado martes conceder esta paga a 64 exparlamentarios de diversos partidos, incluida Ana Mato. Esta dejó de ejercer como diputada el pasado 13 de enero y empezó a cobrar los 2.813 euros el 12 febrero, por lo que tiene pendientes 18 de los 19 meses de indemnización que le corresponden por los años que ha permanecido en la bancada popular -en dos etapas, entre 1993 y 2004 y desde 2008 hasta 2016-. Exparlamentaria europea y encargada de organizar la campaña electoral del PP, la etapa de Mato al frente del Ministerio de Sanidad estuvo marcada por la crisis del ébola, cuya caótica gestión provocó que la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuviera que tomar las riendas en detrimento de la ministra.

Madina y Larreina Entre los antiguos diputados que se han acogido a esta ayuda tras no lograr escaño el pasado 20-D se encuentran Eduardo Madina (PSOE), al que le corresponden 12 mensualidades, una por cada año como parlamentario, y Rafa Larreina (EH Bildu), con cuatro meses de paga tras permanecer solo una legislatura en el hemiciclo. De la relación de 64 exdirigentes políticos, el único que recibirá el máximo de prestación, 24 meses, es el popular Ignacio Gil Lázaro. Le siguen Isabel L. Chamosa (PSOE) con 20 meses y Ana Mato con 19, los mismos que el socialista Julio Villarrubia. Hasta cinco antiguos ocupantes de la bancada del PP tendrán derecho a 15 meses de indemnización -Míriam Blasco, Enrique Fajarnes, Amparo Ferrando, Vicente Ferrer y Juan C. Lagares-. Con 14 pagas se sitúa Alfredo Prada, también del PP.

Otros nombres de la lista aprobada esta semana por el órgano de gobierno del Congreso son el que fuera portavoz del Grupo Socialista en la Cámara baja entre 2006 y 2008 Diego López Garrido -cuatro meses- y Vicente Martínez-Pujalte, que no concurría a los comicios tras ejercer como diputado desde 1993 y que ha cobrado apenas 30 días, del 13 de enero al 15 de febrero. También el que fuera portavoz de IU José Luis Centella, con un año de paga, y la exdirigente del PSC Teresa Cunillera. Interpelado por esta cuestión, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, justificó ayer estos ingresos porque los diputados no tienen derecho a prestación por desempleo. La portavoz adjunta de Podemos Irene Montero dijo que los diputados deben “ser un ejemplo para la sociedad” y no deben “disfrutar de privilegios que son injustos porque no los pueden disfrutar la mayoría de la ciudadanía”.

Indemnización por cese. Los diputados que pierden su escaño bien porque no concurren a las elecciones o bien porque no son elegidos, pueden solicitar una indemnización por cese que les permitirá cobrar durante dos años como máximo su asignación constitucional (2.813 euros), pero no los complementos que se sumarán a sus antiguas nóminas por sus respectivos cargos parlamentarios.

Seis renuncias. Según el listado hecho público por el Congreso, son un total de 64 los exdiputados que han pedido esta indemnización, aunque seis ya han renunciado a ella. Se trata de los exministros socialistas Trinidad Jiménez y Jesús Caldera; la exvicepresidenta del Congreso Teresa Cunillera; el exportavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, y los también ‘populares’ José Miguel Castillo Calvín y Javier Puente.

Pensiones. Todavía hay un centenar de exdiputados que sigue cobrando las pensiones parlamentarias que se suprimieron hace unos años para los nuevos diputados pero que han continuado percibiendo los que lo hacían hasta ese momento. También hay medio centenar que perciben un complemento de pensión que les paga el Congreso para que puedan cobrar la pensión máxima y que, por tanto, varía en cada caso. Hace dos legislaturas la Cámara eliminó esa ayuda, pero los que venían recibiéndola hasta entonces lo han seguido haciendo.

Familiares. En el régimen de protección social se incluye a su vez una ayuda para los cónyuges o huérfanos de los diputados que, a su fallecimiento, queden en una situación económica complicada.