los ayuntamientos se han visto obligados en muchas ocasiones a pagar ayudas y arreglar equipamientos sin que estuviera claro quién debía ejercer esa competencia. La cercanía al ciudadano provocaba que se sintieran obligados a actuar, poniendo incluso dinero de su bolsillo. La Ley Municipal acordada ayer por PNV e izquierda abertzale pretende cubrir esas carencias aclarando las competencias de los ayuntamientos y brindándoles una financiación suficiente.

En el ámbito competencial, incluye un extenso catálogo de 37 materias como la protección civil y emergencias, gestión de viviendas y participación en la planificación de edificios de protección pública, servicios sociales, planes locales de empleo y fomento del euskera. La norma vasca nada a contracorriente de la tendencia estatal, donde la apuesta pasa por suprimir o fusionar ayuntamientos, y vaciarlos de ciertas competencias. La norma vasca pone en valor su papel como la ventanilla más cercana al ciudadano, ahondando así en la tradición municipalista de Euskadi. También se creará una Comisión de Gobiernos Locales, un mecanismo de alerta temprana sin precedentes a nivel estatal para que los cargos municipales se mantengan en alerta y vigilen eventuales invasiones de sus competencias.

La norma intenta zanjar las disputas entre las instituciones a cuenta de la prestación de las ayudas de emergencia social. Esas ayudas, que se conceden para paliar necesidades sobrevenidas, por ejemplo por averías de electrodomésticos, son competencia del Gobierno vasco, que es quien pone el dinero sobre la mesa. Sin embargo, la ejecución corresponde al ayuntamiento. El problema estriba en que el dinero presupuestado nunca es suficiente.

Aunque el Gobierno ha tratado de solucionarlo realizando importantes esfuerzos en tiempos de crisis y arañando partidas para aumentar la dotación, no ha podido cubrir al cien por cien las demandas, y los ayuntamientos han terminado poniendo dinero de sus arcas. Cabe recordar que el ejecutivo no estaba obligado a satisfacer las peticiones porque esas ayudas no son un derecho subjetivo ilimitado que se deba prestar aunque se agoten los fondos. Es un dato que las diferencia de la renta de garantía de ingresos, que sí es un derecho subjetivo.

EH Bildu no ha ocultado su deseo de cubrir el cien por cien. En cualquier caso, lo que se ha planteado en las negociaciones es la puesta en marcha de una comisión que reúna al gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos para que en el primer semestre alumbren una propuesta que garantice la financiación, y se vaya tramitando en un proceso que culminaría allá por 2017 o 2018. Viendo que se alargará, se ha acordado como solución transitoria una vía para que el gobierno inyecte más fondos cuando los ayuntamientos agoten el dinero. Se han fijado porcentajes concretos. En el caso de los ayuntamientos que cuenten con menos de 20.000 habitantes, si consumen todos los fondos, el gobierno los compensará pagando dos tercios hasta un máximo del 30% del dinero puesto de su bolsillo. Si tienen más de 20.000 habitantes, los compensará con un 50% hasta un máximo del 30% aportado de más.

recaudación En el reparto de impuestos, el gobierno seguirá recibiendo el 70% de la recaudación, y las diputaciones y ayuntamientos se quedarán con el 30%. Los tres representantes locales en el Consejo Vasco de Finanzas decidirán sobre el reparto de ese 30%. El gobierno solo tendrá voto si hay un empate entre diputaciones y ayuntamientos. La norma, que ensancha su nombre hasta convertirse en Ley Municipal y de Entidades Locales de Euskadi para dar cabida a cuadrillas y concejos, introduce criterios de participación ciudadana, como la “obligación” de consultar parte del presupuesto o la opción de hacer consultas sobre impuestos locales, hasta ahora prohibidas.