Pamplona - Los partidos que en Madrid representan a las fuerzas del cuatripartito que sustenta el Gobierno de Nafarroa harán pública hoy en el Congreso una iniciativa no de ley en defensa de la autonomía foral para elaborar y aplicar sus propias leyes. En este sentido, Podemos, PNV, EH Bildu e IU-Unidad Popular han firmado una proposición no de ley conjunta en la Cámara Baja con la que emplazan al Gobierno español a retirar todos los recursos presentados en la anterior legislatura ante el Tribunal Constitucional contra 17 leyes navarras. La iniciativa será presentada oficialmente hoy por los portavoces de las distintas fuerzas: los diputados navarros de Podemos Eduardo Santos y Ione Belarra, Aitor Esteban (PNV), Alberto Garzón (IU-UP) y Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu). Al acto también asistirá la presidenta de Nafarroa, Uxue Barkos, diputada en las dos últimas legislaturas.

Los cuatro grupos reclamarán que el Ejecutivo español respete las decisiones que se toman en Nafarroa y que se tengan en cuenta sus especificidades en materia competencial. Además de pedir que se retiren los ocho recursos que actualmente están pendientes de resolución, se reclama que se dejen sin efecto también aquellos sobre los que el tribunal ya ha fallado, tanto a favor como en contra. En total, 17 leyes sobre las que, según los impulsores, el Estado no debería de interferir y debería ser Nafarroa quien tome las decisiones. Una reclamación que se ha hecho de forma sistemática desde el Parlamento foral tanto por los grupos que ahora sustentan el Gobierno, como por el PSN, que ha mostrado siempre su voluntad de que el Estado respete las decisiones de Nafarroa. No ha sido el caso de UPN, que se presenta como el adalid del autogobierno y que, en cambio, nunca ha hecho frente al PP en los sucesivos ataques que han arremetido contra el autogobierno navarro. Es más, UPN ha avalado en muchas ocasiones estos recursos, que le servían para echar atrás decisiones que el Parlamento foral tomó en la pasada legislatura contra su voluntad.

Entre otras normas, el Gobierno ha recurrido la ley navarra sobre el consumo de cannabis, la que regula la Policía Foral y locales, y la de reparación a las víctimas de actos violentos de motivación política de los grupos de extrema derecha y de los funcionarios públicos desde 1950. Asimismo, entre otras, hizo lo propio con la ley foral que obligaba a la Iglesia a pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles, con la normativa antifracking y con la ley antidesahucios.