Valencia - El PP pidió ayer a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá que dé “un paso atrás” y no presida, como estaba previsto, la Comisión Constitucional del Senado, mientras el juez del caso Imelsa mantiene la imputación a cuantos concejales del PP de Valencia, sus anteriores colaboradores, ha tomado declaración.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ofreció ayer una rueda de prensa en la que señaló que sería “positivo” que Barberá no estuviese al frente de la citada comisión, aunque no le reclamó que deje el acta como senadora. Rita Barberá fue presidenta de la Comisión Constitucional en la última parte de la anterior legislatura -desde septiembre hasta la disolución de las Cortes- y fuentes populares admiten que el compromiso del partido era que siguiese en ese cargo que ahora consideran debe ocupar otra persona. Reconocen también las citadas fuentes que la idea es que la exalcaldesa renuncie a este cargo que le había prometido mantener el partido, y, en cualquier caso, ya cuentan con proponer a otra persona cuando se constituyan hoy las nuevas comisiones del Senado para esta legislatura. Según Casado, Barberá no debería presidir de nuevo la Comisión Constitucional para que “pueda seguir con su defensa” y “para que no se mezclen unos casos con unas negociaciones y con una actividad parlamentaria”, al tiempo que consideró que sería positivo que “se explique” y aporte “toda la información” para defender su inocencia. Aunque estimó que la exalcaldesa ya dio “detallada” información en el comunicado que hizo público la semana pasada, añadió que debería comparecer ante los medios de comunicación.

Mientras, los seis concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que ayer han acudido a declarar como investigados (término que sustituye al de imputados en la actual legislación), mantuvieron esa misma condición a la salida del juzgado, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Todos ellos están investigados por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Imelsa, que tiene su origen en una supuesta trama corrupta que cobraba comisiones en la adjudicación de contratos públicos desde varias administraciones.

La investigación policial detectó un supuesto caso de blanqueo, en el que se encuentran procesados los ediles populares, consistente en la petición de donaciones de 1.000 euros a cargos públicos y asesores para su posterior reintegro en efectivo (en dos billetes de 500 euros). Según fuentes de la investigación, el grupo municipal del PP en Valencia pudo blanquear alrededor de 50.000 euros mediante este procedimiento antes de la última campaña de las elecciones municipales, el pasado mes de mayo. En total, constan como investigados 17 concejales y exconcejales y 21 asesores y exasesores del PP de Valencia. - Efe