Ya puede haber piquetes en Génova ansiando desalojar a Mariano Rajoy que no saldrá a la luz mientras no se comunique oficialmente, a poder ser, a través del plasma. Si algo parecido aconteciera en Ferraz habrían aparecido grabaciones de autor desconocido cruzando el meridiano para evidenciar que en la sede socialista se funciona como una colmena sin obediencia a quien reina, un enjambre de familias que acostumbra a fagocitar al líder en épocas de tribulaciones y hasta en las temporadas de viento a favor. Que se lo pregunten a Pedro Sánchez, que no solo tiene que lidiar con un escenario numérico harto imposible para cuadrar sus intenciones de gobernar, sino que debe capear tensiones internas que pueden llevarse por delante tanto su objetivo como su persona. Basta el ejemplo de las soflamas lanzadas hace una semana por no pocos dirigentes en el Comité Federal, en su mayoría pesos pesados contrarios a un acuerdo con Podemos -no tanto con Ciudadanos- que pasaría por el refrendo de las bases, militancia que en su 54% está controlada territorialmente por los barones críticos.

El actual secretario general sufre en sus carnes la presión desde que hace año y medio fue designado por la afiliación, proceder orgánico o político que en aras de la pluralidad muchos consideran la grandeza del partido que ha comandado el Estado español durante 21 años tras la dictadura. Pero es que existe una chanza ya antigua que señala que enarbolar la bandera de ir contra el aparato significa garantizarse el 30% de representación en cualquier proceso de organización interna. “Con 90 escaños no se puede gobernar”, sostienen los partidarios de elecciones o de someterse a la gran coalición, después de que el PSOE tocara suelo con apenas 5,5 millones de votos el 20-D, aunque en estos 18 meses Sánchez le ha devuelto la iniciativa entregada en 2010, cuando Rodríguez Zapatero se plegó a los intereses de la troika con el controvertido artículo 135 de la Constitución, amén de sumar siete presidencias autonómicas, dos copresidencias, la mitad de las diputaciones provinciales, casi 3.000 alcaldías y hasta la presidencia del Congreso en manos de Patxi López. “Sólo falta la presidencia del Gobierno”, le animan los fieles y el círculo de personas que llevan las riendas de las negociaciones, con Rodolfo Ares a la cabeza.

A la diestra de Sánchez se halla su número dos y secretario de organización, César Luena, a la par líder de la federación riojana, y junto a él está su jefe de gabinete, Juanma Serrano, que exhibieron ya sus dotes de golpe en la mesa cuando se destituyó de manera fulminante al dirigente de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y se suspendió a la dirección del volcánico PSM dejándolo sostenido en una gestora. Su núcleo de acción lo completan quienes hace quince años coincidieron en Ferraz a las órdenes de José Blanco: Antonio Hernando y el mediático Óscar López, actualmente portavoces en el Congreso y Senado, respectivamente.

vigilado por el ‘susanismo’ El ahora aspirante a ser investido presidente no disfrutó ni de los cien días de gracia correspondientes por parte de la lideresa Susana Díaz, que quizás se adelantó en el tiempo en su reciente intento de despacharle del cargo tras ser, curiosamente, el respaldo orgánico con el que contó Sánchez para alcanzar la Secretaría General cuando se recorrió en su coche, de punta a punta, todas las federaciones. Ocurre que la finalidad de la máxima dirigente de la Junta andaluza no era otra que cortar el paso a Eduardo Madina, que le desafió, y ejercer un liderazgo interpuesto del que Sánchez se apeó en cuanto tomó el control al sentirse legitimado por los más de 62.000 militantes que le brindaron apoyo. “Un gobierno de coalición con Podemos, fruto de ocho pactos, no lo veo”, le espeta Díaz a quien quiere capitular el vetusto juego de equilibrios de las baronías socialistas. En el bando del llamado susanismo se encuentra Máximo Díaz Cano, que desempeña como secretario general de presidencia de la Junta tras una larga trayectoria en Castilla-La Mancha junto a los entonces presidentes José Bono y José María Barreda. Cuenta también con la simpatía de presidentes autonómicos como el valenciano Ximo Puig o el castellano-manchego Emiliano García-Page, además de la verbigracia de Zapatero y Blanco.

Como verso suelto actúa Carme Chacón, integrada en la ejecutiva y al frente de los diputados del PSC en la Cámara baja, así como Madina, con distinta suerte al no lograr escaño por ir de número 7 en la lista de Madrid. El político vizcaíno no perdió ocasión de acorralar a Sánchez en el cónclave al sostener que “si sujetamos en el gobierno de España toda la arquitectura de ese gobierno sobre 17 tipos que la quieren partir, partiremos España y partiremos el PSOE”. Paralelamente, podría hablarse de una tercera vía en la formación, integrada por presidentes autonómicos y gente desmarcada tanto de Díaz como de su líder al temer pagar “un alto precio” para recuperar el poder. Ahí se ubicarían el presidente de Asturias, Javier Fernández, y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, avalados por sus resultados en las urnas. “Si no dejamos claro que el PSOE no tiene nada que ver con el independentismo ni por activa ni por pasiva, en Extremadura a nosotros nos matan, y yo lo tengo que decir”, espetó éste último ante su secretario general. En este bando hay quien añade al presidente de Aragón, Javier Lambán, que laminaría ipso facto su acuerdo con la Chunta Aragonesista si esta fuerza se sumara al carro del derecho a decidir, y antiguos dirigentes como Alfredo Pérez Rubalcaba o Elena Valenciano, entre otros.

un afecto sin poder real Sánchez recauda el mayor afecto en líderes territoriales como la presidenta de Baleares, Francina Armengol; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; y secretarios generales como Sara Hernández (Madrid), José Ramón Gómez Besteiro (Galicia), Eva Díaz Tezanos (Cantabria), Luis Tudanca (Castilla y León), Rafael González Tovar (Murcia), Idoia Mendia (CAV) o María Chivite (Nafarroa); así como en la actual presidenta de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, Iratxe García. Pero basta con ojear los números obtenidos en las urnas en los territorios históricos donde se debate la celebración de un referéndum como para explicar el grado de incidencia que puedan tener. Es más, el poder territorial del PSOE reside en los feudos más críticos con Sánchez, Andalucía es el pulmón electoral del partido y también la federación que más militantes aporta (48.790), por delante de Catalunya (20.816), donde para colmo Iceta trabaja por una alianza con Ada Colau y haciendo más de un guiño al gobierno de Carles Puigdemont.

Luego está la selecta relación de veteranos y la representación de la llamada vieja guardia que parece recuperar hueco mediático para censurar la coalición que perseguiría su líder al considerar “humillante” adherirse al programa de Podemos y gozar de la abstención de los independentistas. La nómina incluye a Felipe González, el adalid del gran pacto constitucionalista, José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Alfonso Guerra. Qué decir de las viejas glorias apartadas desde tiempos remotos de la primera fila, tales como Joaquín Leguina o el exministro José Luis Corcuera, el mismo que proclama con orgullo que “romperé” el carnet socialista en cuanto se firmara un acuerdo con la marca que abandera Pablo Iglesias. “Y algunos lo están esperando con gusto”, dijo en la caverna mediática que le ha recogido con fruición.

Un bosque socialista poliédrico y que abarca un amplio espectro ideológico, desde el liberalismo económico que representaría, por ejemplo, Jordi Sevilla, al posicionamiento más izquierdista y federalista en el que descansan Odón Elorza o José Antonio Pérez Tapias, firmes defensores de explorar el giro a la izquierda. “Yo fui elegido por los militantes y en los momentos decisivos escucharé a la militancia”, se jacta Sánchez. Solo que serán otros quienes, en verdad, tendrán la última palabra.