Un contrato para trabajar unas pocas horas a la semana o uno que dura menos de lo que se tarda en dar de alta al trabajador figuran en las estadísticas oficiales como empleos creados en un periodo de tiempo concreto, se venden a la opinión pública como descenso del desempleo y alimentan un triunfalismo económico y laboral absolutamente falso... al menos desde la perspectiva de los cientos de miles de trabajadores temporales, parciales y mal pagados para los que contar con un empleo no es sinónimo de tener un medio de vida. La paradoja social que viven los ciudadanos en los últimos años consiste en que la falta de empleo ha abocado a la pobreza y la exclusión social a un número creciente de personas, pero conseguir un trabajo también les puede mantener -y de hecho así es- bajo el umbral de la pobreza.
El paro, los recortes sociales, el desempleo de larga duración, la bajada de los salarios y la precariedad laboral han provocado un notable aumento de las desigualdades, de la pobreza -incluso entre los trabajadores con empleo- y el deterioro de la calidad de vida en el Estado español: la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha pasado del 26,7% al 29,2% (hasta sumar 13,6 millones de personas) entre 2011 y 2015 y la pobreza severa afecta a más de 3 millones de personas.
Precariedad es, según los expertos, empleo intermitente (alternancia de empleo y desempleo) y subempleo, con situaciones muy diversas que incluyen temporalidad, contratos a tiempo parcial, empleo encubierto, falsos autónomos, trabajo sumergido, explotación, contratos laborales ficticios y horas extraordinarias no remuneradas. El empeoramiento de las condiciones laborales y económicas ha marcado la evolución del mercado de trabajo en los últimos años, ha agrandado las desigualdades sociales y ha generado una legión de trabajadores pobres.
Todos los análisis -excepto los que hacen las patronales y la ministra de Empleo del Gobierno de Rajoy- hablan de una evidente “precarización” del mercado laboral como resultado de que el poco empleo que se crea es de mala calidad y baja intensidad. Es empleo temporal, a jornada parcial, con alta inseguridad laboral, salarios reducidos, con menos derechos, baja protección social y riesgo de explotación.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el aumento en el Estado español de trabajadores pobres -aquellas personas ocupadas que ganan menos del 60% de la renta media nacional- ha triplicado el crecimiento europeo de este colectivo entre 2000 y 2014. En concreto, los trabajadores pobres -término acuñado por Eurostat- han aumentado en España 4,2 puntos entre los años 2000 y 2014, al pasar de 18% al 22,2%, mientras que en el resto de Europa el crecimiento medio fue de 1,6 puntos en el mismo período: del 15% al 16,6%. “La mayoría de los trabajadores no conocen lo que es un trabajo decente”, señaló en la presentación del informe el director general de la OIT, Raymond Torres, quien llamó la atención sobre el “abultado” volumen de precariedad. Torres aseguró que España es el país de Europa en el que más ha crecido la desigualdad salarial en los últimos dos años, al tiempo que criticó la reforma laboral por reducir la protección y aumentar las desigualdades.
La percepción de degradación de la situación de muchos trabajadores no es exclusiva de la OIT. También Cáritas ha alertado recientemente de que el 14% de los empleados españoles está en situación de pobreza y de que 10 de los 17 millones de nóminas que se abonan cada mes en el Estado español corresponden a nóminas inferiores a los mil euros. Según datos del Gobierno español, la retribución más común apenas alcanza los 16.000 euros brutos al año, mientras que en 2010 el salario más habitual superaba los 18.000 euros anuales. El 53% de las personas que acuden a Cáritas en busca de ayuda vive en un hogar en el que al menos uno de los miembros tiene trabajo, lo que pasa es que los ingresos son tan bajos que no cubren las necesidades básicas.
En el caso de Euskadi, donde el Gobierno Vasco está ultimando un estudio sobre pobreza laboral, el número de personas en situación de pobreza real en hogares con alguna persona ocupada ha descendido de 49.065 personas en 2012 a 40.130 en 2014. Según los datos aportados en octubre por el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, entre 1996 y 2004 se ha reducido de “forma notable” el volumen de personas en situación de pobreza real en hogares con alguna persona ocupada, que ha pasado de 75.100 a 44.000, un dato que baja hasta las 40.130 en 2014 tras el repunte registrado en 2012. No obstante, un 3,2% de los hogares con alguna persona ocupada ha accedido en algún momento de 2014 al sistema de garantía de ingresos.
En enero de este año, Lanbide completaba a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) los ingresos insuficientes de 12.181 personas con trabajo. Trabajadores con empleos precarios y mal remunerados que necesitan cobrar una ayuda social para complementar sus ingresos y alcanzar un nivel mínimo que les permita vivir con dignidad.
El último informe sobre la situación social de España de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) destaca el crecimiento de la bolsa de “trabajadores en riesgo de pobreza”, que ha pasado del 11,7% al 14,2% en un año. Según los expertos, este aumento demuestra que “no cualquier empleo protege de la pobreza”.
Más precariedad La reforma laboral de 2012 generó las condiciones perfectas para alimentar la precariedad en el empleo de todas las formas posibles, con una decidida apuesta por un modelo de relaciones laborales basado en la temporalidad, el tiempo parcial involuntario, la hiperflexibilidad, la rotación y los bajos salarios. Un somero balance de legislatura indica que ahora hay menos trabajadores a tiempo completo y más a tiempo parcial; hay 354.300 asalariados menos con contrato indefinido y 152.800 asalariados más con contrato temporal que en 2011. La temporalidad afecta a más del 26% de los asalariados, y sigue siendo la segunda más alta de la Unión Europea (UE28), casi duplicando la media de la zona. Pero no solo ha aumentado el peso de los contratos temporales sobre los fijos, sino que al mismo tiempo ha ido disminuyendo la duración de esos contratos temporales: en 2008 la duración media era de 77,1 días; en 2011 bajó a 61,6 días, a 57 en 2014, y en 2015 se ha reducido a 54 días.
Además, se ha consolidado la contratación a tiempo parcial. A lo largo de la legislatura el número de ocupados a tiempo completo se ha reducido en 402.100 personas, mientras que a tiempo parcial hay 297.800 más. Y el empleo equivalente a tiempo completo se ha reducido en 564.500 ocupados. Lo más grave es que en la mayor parte de los casos el empleo a tiempo parcial es de carácter involuntario. De los 2,7 millones de ocupados a jornada parcial del tercer trimestre de 2015, casi 1,7 trabajan en estas condiciones porque no encuentran un empleo a tiempo completo. Este porcentaje de parcialidad involuntaria ha aumentado 10 puntos en los últimos cuatro años, hasta situarse por encima del 62%. El trabajo a tiempo parcial se ha configurado como un elemento estructural más del mercado de trabajo que permite mejorar la información estadística de creación de empleo sin que eso suponga un aumento de las horas de trabajo globales.
El empleo indefinido tampoco está a salvo de la precarización gracias a una serie de nuevas modalidades de contratación -contrato de Emprendedores, de Formación...- que a veces sustituyen al tradicional contrato temporal y que imponen condiciones similares de inestabilidad, bajos salarios y flexibilidad discrecional a favor de la empresa.
La precariedad se constata también en otras formas de infraempleo, ya sea por insuficiencia de horas (en ocasiones trabajando horas extraordinarias que no se pagan), por una excesiva cualificación para el trabajo desarrollado, o por la existencia de falsos autónomos, es decir, trabajadores que se ven obligados por las circunstancias o por la empresa a trabajar por cuenta propia de manera involuntaria.
Según los investigadores Joan Benach y Pere Jódar, “vivir bajo la precariedad laboral quiere decir trabajar bajo un sustrato de vulnerabilidad y explotación. Los trabajadores en precario carecen de seguridad contractual, tienen un salario escaso, una gran inseguridad sobre sus posibles prestaciones o pensiones futuras, así como un menor control sobre el tiempo y los horarios de trabajo; a menudo simplemente esperan una llamada que les permita unas horas de baja retribución. Precariedad significa vivir bajo una amplia gama de situaciones: estar desempleado, tener un empleo intermitente alternando empleo y paro, estar subempleado con un contrato temporal o a tiempo parcial involuntario o realizando tareas muy inferiores a la educación adquirida, ser un falso autónomo, trabajar en situación de informalidad y trabajo sumergido, o ser un trabajador pobre con un salario por debajo del umbral de la pobreza”.
A todo lo anterior hay que añadir una evidente devaluación salarial que ha mermado los ingresos recibidos por los asalariados. No se trata únicamente de que los nuevos contratos que se firman se sustentan en peores condiciones económicas, sino que parte de los salarios vigentes no se han actualizado o han sido recortados. El retroceso salarial ha hecho que España, junto con Grecia, Italia, Irlanda y el Reino Unido, integre el grupo de países europeos donde el salario medio real de 2013 era inferior al de 2007. En términos monetarios, la renta media por hogar en el Estado en 2015 es más de 2.000 euros inferior a la de 2011, ya que a lo largo de la legislatura los ingresos de los hogares han caído un 7,3% y los personales, un 4,3%.
