segura es villa histórica, modesta en su ruralidad, pero con un cierto aire señorial memoria de pasadas grandezas. Asentada en el Goierri, Gipuzkoa profunda, vive en la placidez de sus mil y pico habitantes que sólo se asoman a la galería mediática en su fiesta medieval o en la procesión de Semana Santa. Uno puede imaginarse el sobresalto que pudo afectar a su población cuando en el anochecer del 4 de octubre de 2005 -hace ya diez años- un gran contingente de policías, uniformados y de paisano, tomaron el pueblo impidiendo la entrada y salida de sus vecinos que, muy probablemente, ni siquiera se habían percibido de que la cacería ya había comenzado desde la víspera y que los agentes estaban deteniendo a militantes de la izquierda abertzale que ya se encontraban en Segura o que iban llegando a la localidad.

El resultado de aquella espectacular redada fue el procesamiento y encarcelamiento de 35 dirigentes de Batasuna, EHAK y ANV que a partir del pasado jueves 3 de diciembre comparecen como acusados en macrojuicio ante la Audiencia Nacional. Entre los acusados, nombres ilustres y conocidos de la izquierda abertzale a los que de nada les valen ni los diez años transcurridos ya desde aquella operación, ni el cambio profundo de actividad política que han protagonizado, ni el vuelco absoluto experimentado por la sociedad vasca en este tiempo.

La primera consideración que puede hacerse de este macrojuicio es el absurdo anacronismo que supone sentar en el banquillo bajo la acusación de pertenencia a ETA a personas que llevan lustros ejerciendo públicamente la acción política, dirigentes que han comparecido con toda normalidad ante los medios, que han actuado en ámbitos estatales e internacionales, que viven en domicilios conocidos y que en ningún caso se ha comprobado que hayan ejercido la violencia.

Otra reflexión sobre este tipo de macrojuicios es el grave perjuicio que se ocasiona a los procesados en su vida profesional, laboral, familiar y económica. Las comparecencias ante el tribunal se prolongan durante semanas, incluso meses, con el trastorno que ello supone para los acusados y sus familias como ha podido comprobarse con macrojuicios similares como el 18/98 contra el supuesto “entorno de ETA”, que afectó a casi cincuenta procesados -y a sus familias- durante 126 días no consecutivos y 206 sesiones de mañana y tarde.

Pero la reflexión de fondo hay que hacerla en función del despropósito político y judicial que se implantó a partir de 2002, cuando en base al pacto de PSOE y PP “por las libertades y contra el terrorismo” y al afán de protagonismo de algunos jueces se estableció la tesis de “todo es ETA”. A partir de ese momento, y por puro impulso político, se crearon leyes ad hoc, se ordenaron redadas y se dictaron sentencias con la única intención de derrotar a ETA persiguiendo, ilegalizando y criminalizando a todo lo que los gobiernos sucesivos suponían su soporte político y social, y de paso desestabilizar la convivencia en Euskadi distorsionando su representación institucional.

En base a este proceder político injusto, irracional, pero que creyeron rentable electoralmente, buena parte de la sociedad vasca lleva años sacudida de forma intermitente por estos macrojuicios que lo mismo sientan a decenas de jóvenes acusados de pertenencia a las “juventudes de ETA”, o a decenas de empleados o gestores de herriko tabernak acusados de “financiar a ETA”, o a decenas de periodistas acusados de escribir “al servicio de ETA”, o a decenas de políticos acusados directamente de “pertenencia a ETA”. Y a todo esto, ETA casi como un mal recuerdo, ajena a la vida real de la ciudadanía vasca, dicen que vencida y sólo vigente de manera espectral como pretexto para el inmovilismo de quienes debieran pasar página.

El dirigente abertzale y portavoz de Sortu Pernando Barrena declaraba al inicio de este macrojuicio que, casualidad, la fecha coincidía con el inicio de aquel famoso juicio -también macrojuicio- de Burgos, el 3 de diciembre de 1970, hace 45 años, que supuso “el principio del fin del franquismo”. Añadía Barrena su esperanza de que “el proceso iniciado hoy suponga el principio del fin de los juicios basados en la persecución política”.

Los comportamientos políticos al uso en la actual España del PP nos vuelven a todos desconfiados y suspicaces. Y como ese tipo de políticos no dan puntada sin hilo, veremos durante la campaña cómo se presenta este macrojuicio como un tanto más en el haber electoral de quienes hicieron de la política antiterrorista un caladero de votos. El futuro incierto de los acusados, los años de cárcel que van a sufrir, la injusticia de criminalizar la acción política y el impacto que en círculos concéntricos va a expandir este nuevo sufrimiento, son derivadas que les tienen sin cuidado.