barcelona - La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, asegura, ante la propuesta de resolución independentista de JxSí y la CUP que se debatirá hoy en la Cámara catalana, que llegará “adonde sea para cumplir el mandato democrático de las urnas del 27S, porque es lo que me toca”. Es su respuesta a las advertencias realizadas en los últimos días desde el Gobierno español y el PP señalándola como principal responsable “jurídica y política” de lo que acontezca y resuelva el pleno de esta mañana que, previsiblemente, aprobará la moción independentista. A partir de ese momento, el Govern y las instituciones catalanes comenzarían la “desconexión” con el Estado español, lo que provocará la inmediata interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno español para frenar la resolución.

En una entrevista que publicó ayer el diario digital El Nacional.Cat, Forcadell respondió así a la posibilidad de que pudiera incurrir en responsabilidades jurídicas y políticas por el aviso del alto tribunal español de que la Cámara autonómica debe velar por el cumplimiento de la Constitución. Preguntada por si se siente amenazada por esta situación, la presidenta del Parlament catalán afirmó que “más que sentirme yo amenazada, me parece que se amenaza la democracia y la soberanía del pueblo” e insistió en que no se está incurriendo en desobediencia porque “estamos cumpliendo el mandato democrático que surgió de las urnas”.

En este sentido, aseguró que “Carme Forcadell, en sí misma, es irrelevante” y cree que el Gobierno “no se atreverá” a aplicar la Ley de Seguridad Nacional porque “delante del mundo, el Estado español se retrataría, eso lo debilitaría, y, en todo caso, favorecería a Catalunya”.

Mientras tanto, el Gobierno español mantiene la presión contra el Govern de Artur Mas ante el doble pleno de hoy en el Parlament: el que por la mañana votará sobre la moción de investidura, y el de la tarde que abordará la investidura de Mas, lo que al menos en primera instancia parece poco probable. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió ayer en las advertencias al asegurar que el Gobierno de Rajoy “no va a permitir el desafío soberanista y tiene todas las capacidades para parar a los que quieren romper la unidad”.

El aviso va muy en serio ya que el Gobierno español tiene preparada ya toda la batería de medidas jurídicas necesarias para frenar el proceso independentista y las posibles desobediencias ante las resoluciones de los tribunales. En esa hoja de ruta se han incluido medidas para que la respuesta sea gradual y vaya in crescendo en función de las actuaciones que vaya desarrollando el Ejecutivo catalán, ahora en funciones. Pero además, Rajoy está decidido a aplicar en paralelo medidas económicas que muestren a la Generalitat que es imposible su ruptura con España.

Entre las medidas judiciales está el ya anunciado recurso que presentará el Ejecutivo contra la resolución para iniciar la “ruptura” acordada por JxSí y la CUP, una vez que ésta sea aprobada en el Parlament. En esta resolución mandatan al Govern a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ruptura y para ello le piden que inicie, en el plazo de 30 días, la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública e instan al futuro Ejecutivo catalán a cumplir “exclusivamente” las normas emanadas del Parlament para blindarse frente a “las decisiones del Estado español”.

Una vez que el TC reciba el informe o si transcurrido el plazo fijado, el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar las siguientes medidas: imposición de multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o a particulares; acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales.