madrid - Todo apunta a que Carme Forcadell va a ser el primer trofeo que quiere colocar el Gobierno español en su vitrina dedicada al proceso independentista catalán, que también tiene un lugar especial destinado para el president, Artur Mas. Mientras aguarda a dar caza al trofeo mayor, prepara toda su “maquinaria” para prender a su primera presa, que no es otra que la presidenta del Parlament catalán. La vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó ayer a Forcadell como la primera responsable jurídica y política de la posible aprobación de la moción independentista que se debatirá y votará el próximo lunes.

La número dos del Gobierno de Rajoy dejó ayer sobre las espaldas de Forcadell la responsabilidad de lo que salga del Parlament el próximo lunes, ya que, subrayó, es la presidenta del Legislativo de Catalunya, representa a “la totalidad” de la Cámara y ha dejado “de amparar en sus derechos a la mitad” de los parlamentarios de esa Cámara.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría recordó que el Tribunal Constitucional ya ha advertido al Parlament catalán de su obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución durante el debate, “por lo que su presidenta es la primera concernida por esa advertencia”. La vicepresidenta añadió que, si el Pleno aprueba el 9 de noviembre el texto planteado por Junts pel Sí y la CUP, el Gobierno español “inmediatamente, ese mismo día, iniciará los trámites para el recurso” ante el Tribunal Constitucional, poniendo en marcha “toda la maquinaria”. El Gobierno pedirá con urgencia el informe del Consejo de Estado que es preceptivo y en cuanto lo obtenga se “convocará de manera urgente el Consejo de Ministros” para dar luz verde a la interposición del recurso, en el que pedirá la suspensión de la declaración independentista. “La inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta”, enfatizó Sáenz de Santamaría.

Si el TC admite el recurso, se acordará la suspensión y, a partir de entonces, ninguna institución puede realizar “ninguna actuación contraria a esa suspensión”. Es a partir de este punto cuando se puede producir el choque de legitimidades entre los independentistas que entenderán que a partir de entonces se ha producido la “desconexión” con el Estado y, por tanto, ya no están sujetos a su jurisdicción -ni siquiera al TC- y el Gobierno español que sancionará al Parlamento y al Govern secesionistas. Para esta eventualidad, Moncloa tiene previsto actuar “siempre con proporcionalidad y prudencia” porque hay “varias posibilidades” y dependerá de cómo y cuándo se produzca. El Gobierno actúa con la perspectiva de que, una vez que haya auto de suspensión, “nadie puede ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración”. Si se estima el recurso de incostitucionalidad y el texto se declara nulo, “es como si no hubiera existido”.

La Mesa del Parlament fijó ayer el lunes, a las 10 horas, para el debate de la moción independentista de JxSí y la CUP, que tiene garantizada su aprobación porque superan la mayoría absoluta. La aprobación de la moción coincidirá con el primer aniversario del proceso participativo del 9-N y antecederá al Pleno de investidura, convocado para esa tarde.