madrid - Mientras la moción independentista pisa el acelerador, la réplica desde el Gobierno español adquiere tintes de amenaza. Tal y como estaba previsto, la Mesa del Parlament rechazó ayer las iniciativas de reconsideración de Ciudadanos y PSC, con apoyo del PP, para que no se debata la resolución del inicio de la desconexión, por lo que todo apunta a que el Pleno de aprobación del texto coincidirá, en una fecha tan histórica como el 9-N, con la primera sesión de investidura de Artur Mas. Paso adelante del secesionismo que el tripartito unionista confrontará llevando a Carme Forcadell, presidenta de la Cámara, ante el Tribunal Constitucional (TC). Desde el Govern manejan herramientas para saltarse la hipotética decisión del Alto Tribunal para que ese pleno no se celebre, pero al soberanismo le preocupa más el tinte reaccionario de las últimas manifestaciones procedentes desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La última tiene como protagonista al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sopesa cerrar el grifo económico a Catalunya para no “financiar veleidades independentistas”. Un ahogo que supondría, de facto, la suspensión de la autonomía.
El ministro vinculó la financiación a las autonomías con la “lealtad entre administraciones” y el “cumplimiento de la legalidad”, ya que, a su juicio, el Fondo de Liquidez Autonómica está solo para garantizar servicios sociales. Así se despachó al ser preguntado por los 2.300 millones que reclamó la Generalitat para sufragar las deudas pendientes y las prestaciones de carácter social a la ciudadanía. “No podemos seguir trabajando con quienes no solo quieren una posición independentista sino que además niegan la ley”, insistió, sin hacer mención, eso sí, a cómo el Gobierno del PP ha reducido un 54% respecto a 2011 las inversiones en Catalunya, o a los 759 millones de euros no abonados en 2008 que el Govern le sigue reclamando. Entre tanto, la lista de pullas contra el proceso independentista no para de crecer. El responsable de Exteriores, José Manuel García-Margallo, tuvo que matizar su deseo de “sofocar la sublevación” asegurando que no piensa enviar a la Guardia Civil “a desfilar por la Diagonal”; mientras que para el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, la sociedad catalana es “rehén de fanáticos vocacionales”.
Ya antes el titular de Justicia, Rafael Catalá, amagó con emplear el artículo 155 de la Constitución, y hasta la vicepresidenta española María Dolores de Cospedal proclamó aquello de que “cuando un gobernante se cree por encima de la ley se cae primero en el populismo y después en la dictadura”.
En este contexto, Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC) y Xavier García Albiol (PP) acudirán juntos a la sede del Constitucional tratando de exhibir unidad, de forma que los populares, a su vez, formularán un texto propio, con adhesión de los diputados socialistas y naranjas, para denunciar que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus diputados. El PSC, a quien pone más voz ahora, en clave electoral, Carme Chacón que Iceta, se había resistido a formalizar cualquier política de frentes pero ha acabado sumándose al bloque porque la postura adoptada por Forcadell es un “asunto ilegal”. La nueva dirigente del Parlament rechazó este extremo y añadió que ha actuado al amparo de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara. “Me aconsejaron que convocara el Pleno. No hemos hecho nada ilegal”, explicó la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, para quien los populares han podido ejercer el derecho fundamental de participación al estar invitados a la Junta de Portavoces.
rajoy, con duran Desde Moncloa, Rajoy prosigue con su ronda para tratar de conformar un frente antisecesionista y ayer recibió la negativa del democristiano Josep Antoni Duran i Lleida. Y es que el líder de Unió discrepa en términos absolutos de la resolución rupturista pero le prometió al presidente español que defenderá la ley y que se acaten las decisiones del Constitucional. “Jamás Unió propondrá la desobediencia”, resumió, exigiéndole a cambio “propuestas atractivas” para Catalunya retomando el espíritu de la Transición y creando una ponencia en el Congreso encaminada a adoptar una solución “política” que reduzca el potencial independentista, acuerdo de las Cortes que debería ser sometido después a una consulta.
barcelona - Las caras lo decían ayer todo en la reunión del Consell Executiu del Govern en la que Artur Mas tuvo que reprender a sus consellers por la filtración de la discusión interna sobre los acuerdos con la CUP para la desconexión. La vicepresidenta en funciones del Govern, Neus Munté, admitió que el líder de CDC está “disgustado” hasta el punto de que estudia modificar el diseño de ese tipo de encuentros con la cúpula. “No renunciamos a mantener todo el debate político que sea necesario en cualquier materia, pero si las cosas se han de orientar desde el punto de vista de la forma de distinta manera, así se hará”, zanjó.
Sin embargo, en algunos medios siguen aireándose algunas de las exclamaciones que los consellers hicieron en aquella pasada cita donde se analizó la declaración independentista. “Con la CUP no hay nada que negociar, son los del porro y la litrona” o “unos payasos antisistema es lo que son” son algunas de las frases desveladas ayer por El Periódico de Catalunya, síntoma de que hay un sector crítico respecto a las negociaciones con la fuerza que lidera Antonio Baños. Hay consejeros que estiman que el pacto con la CUP desbarata una bala en la recámara, la abstención del PSC para investir a Mas, hipótesis ya en las antípodas de poder producirse. La formación radical no solo duda de la figura del president en funciones, sino que ha puesto la cruz a dirigentes como Felip Puig o Boi Ruiz. En el Govern en funciones se sienta además Andreu Mas-Colell, absolutamente contrario a lo que pueda representar el discurso económico de Josep Manel Busqueta, diputado electo de la CUP. O Jordi Jané, que fue vicepresidente del Congreso y firme defensor del respeto a la legalidad. O Germà Gordó, convencido de que el proceso ha de acabar en pacto. - I. Santamaría
