gasteiz - El Gobierno Vasco cumplió ayer con la tarea de designar a quienes representarán a esta institución en la Comisión Arbitral, el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencias entre el Ejecutivo autonómico y las diputaciones forales.

María Carmen Agoes, Kepa Bilbao y José Ramón Bengoetxea son los abogados elegidos por el Gabinete presidido por Iñigo Urkullu para esta misión, tres letrados con una amplia experiencia profesional que formarán parte de la Comisión compuesta por siete miembros y cuyo mandato se prolongará durante los próximos seis años.

Tal y como recoge el Estatuto de Autonomía en su artículo 39, las entidades forales ocuparán otras tres plazas de este órgano, mientras que la presidencia recae sobre la misma persona que está al frente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el juez Juan Luis Ibarra.

Según comunicó ayer el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, el Parlamento Vasco ya está al corriente de la designación del Ejecutivo, por lo que ésta será publicada esta misma semana en el BOPV. A partir de ese momento, dará inicio un plazo de 15 días en el que se analizarán las candidaturas.

Este paso pondrá fin al proceso de renovación que inició el presidente del TSJPV el pasado 20 de julio, fecha en la que Ibarra comunicó tanto a los responsables del Gobierno Vasco como a los de las tres diputaciones los tres meses que restaban para finalizar el mandato de la actual Comisión Arbitral.

Los miembros que forman parte de este órgano, cuya sede reside en el Parlamento Vasco, ocupan las vocalías y “no cobran retribución alguna” por el desempeño de sus funciones. Los únicos requisitos para poder formar parte de las designaciones del Ejecutivo a las diputaciones es ser titulado en Derecho y “poseer una acreditada experiencia” en el campo jurídico, según detalló Erkoreka.

El portavoz del Gobierno Vasco también explicó que este cargo es incompatible con tener una relación laboral ya sea con las instituciones forales o autonómicas, ya que los designados por el Ejecutivo y las entidades forales deben ejercer su función con los “principios de imparcialidad e independencia respecto a las instituciones que les hayan designado”. - DNA