Bilbao - Carlos Fonseca (Madrid, 1959) acaba de publicar el libro Mañana cuando me maten, un relato documentado y testimoniado de las condenas a muerte sumarísimas y ejecuciones de Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García -militantes del FRAP-, Jon Paredes Txiki y Ángel Otaegi -de ETA-, a apenas dos meses de la muerte de Franco.
Cuesta creer que cuatro décadas después haya que rescatar casi del olvido cinco muertes como estas.
-A la vista de la experiencia de este país con lo que es su desmemoria histórica (el desinterés, la apatía, la negativa de algunos de la derecha política por abordar aquella etapa), a mí no me extraña que permanezca en el olvido. Aquí se ha acuñado lo de que hablar del pasado reabre heridas, y así vamos.
Incluso ahora, en 2015, denuncia que no ha tenido acceso a muchos documentos y por ejemplo el sumario de Otaegi está oficialmente “desaparecido”. Usted aboga por “abrir las cancelas que ocultan la historia que está por contar”.
-Me refiero a esta historia, pero también a tantas otras de episodios negros. Se da la paradoja de que tenemos una Ley de Memoria Histórica de 2008 que defiende que toda la documentación hay que ponerla a disposición de los investigadores, pero la Ley de Patrimonio Histórico establece que para salvaguardar el honor y la buena imagen de las personas, hay documentos como los expedientes judiciales a los que no se puede acceder más que transcurridos 25 años desde la muerte de la persona, y si no ha fallecido o no se conoce la fecha hay que dejar transcurrir 50. Yo tenía autorización de las familias de dos de los fusilados pero ni así fue posible, me dieron unas copias censuradas. Es un estrambote.
Tras su investigación, califica los fusilamientos de “asesinato legal sin paliativos”.
-Sí, un asesinato legal porque lo que se urdió fue un simulacro de justicia, los acusados no tuvieron la oportunidad de defenderse, la defensa disponía de solo cuatro horas para presentar su informe y sus solicitudes de prueba eran rechazadas.
Hubo torturas, manipulación de pruebas, sin garantías de defensa...
-Sí, el libro recoge testimonios de personas que fueron detenidas con ellos y relatan torturas. La novia de Baena cuenta que cuando los llevaron a Madrid y los carearon, él no podía ni hablar, tenía la mandíbula rota. Esos eran los métodos que se usaban en la época.
La jueza Servini está investigando crímenes del franquismo.
-Las familias de algunos de los ajusticiados están personadas, pero yo francamente creo que esa causa está en vía muerta.
El libro contiene documentos y testimonios estremecedores. ¿Cuál le impresionó más?
-Hay dos documentos. Por un lado, la carta de Xosé Humberto Baena a su familia, en la que empieza: “Papá, mamá, me ejecutan mañana de mañana...” Es una despedida tremenda, de un chico de 24 años, pero al mismo tiempo muy medida. Y también me llamó la atención una carta de Gregorio Peces-Barba donde justifica a un compañero abogado su negativa a defender a los acusados del FRAP, que era la postura oficial del PSOE y del PCE.
El Gobierno actual niega la condición de víctimas a quienes tuvieron algún tipo de relación con ETA.
-Efectivamente, y es curioso porque la Ley de Memoria Histórica declara expresamente ilegítimos todos los procedimientos militares y sus resoluciones judiciales. No se trata de justificar, pero tampoco se pueden interpretar los hechos de hace 40 años con argumentos actuales. Fueron víctimas y así las declara la Ley de Memoria Histórica.
Usted ha participado en la elaboración, como redactor y coordinador, del Informe sobre la situación procesal de los distintos atentados terroristas del Gobierno vasco. ¿Qué destacaría del mismo?
-Lo primero, que no hay una base documental oficial de víctimas del terrorismo, y eso es lo que se intentó con ese informe. Es un primer intento de establecer un censo digamos “oficial” de víctimas. Y por otro lado, llama la atención que siga habiendo en torno a doscientos casos que están por resolver y que sobre todo son de la década de los 80. Desde luego, sería aconsejable y recomendable que se volviera sobre esas causas porque las familias de las víctimas tienen derecho a que se sepa lo ocurrido y a que se pidan responsabilidades.
También se ha encargado de “socializar” el Plan de Paz y Convivencia en España. ¿Con qué resultados?
-Bueno, eso son palabras mayores. Yo lo que hago es colaborar desde Madrid y he intentado organizar encuentros discretos entre sectores de la judicatura, del mundo de la cultura, de la universidad... con representantes de la Secretaría de Paz y Convivencia. ¿Para qué? Pues para intentar, por un lado, romper los tópicos -que son en doble dirección- y que dos partes que casi se desconocen tengan la oportunidad de sentarse y explicarse mutuamente.
¿Ha sido positivo?
-Sí, sí.
¿Se entiende fuera de Euskadi?
-Se entiende, porque frente a otro de los tópicos, Madrid es más que la sede del Gobierno y de las instituciones. Hay mucha gente sensible al problema vasco y dispuesta a escuchar, hacer propuestas y también a criticar, por qué no.