madrid - Dentro de la enorme polvareda que ha provocado la iniciativa del Partido Popular para reformar el Tribunal Constitucional con el fin de dotarle de capacidad sancionadora, en un intento explícito de actuar contra Artur Mas en el caso de que este incurra en un incumplimiento de una resolución judicial, ayer expresó su opinión autorizada el expresidente del TC Pascual Sala, que censuró esta medida por “políticamente inoportuna” e “innecesaria”. El principal argumento esgrimido por este prestigioso jurista es que el Constitucional ya dispone de herramientas suficientes para hacer efectivas sus sentencias. De este modo, si el PP saca adelante esta modificación, tal y como pretende, dañaría a un tribunal que “en 35 años no ha visto en absoluto frustradas sus resoluciones”.
El que fuera también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo afirmó en la Cadena Ser que “las resoluciones del TC en la ley actualmente vigente de 1979 tienen los medios suficientes para hacerse efectivas, y han sido efectivas”. Se preguntó por ello “qué necesidad hay de dotarle de funciones que no necesita en absoluto” y censuró que esta reforma está “basada en un criterio de sospechas” y “desvirtúa la función de la jurisdicción constitucional” aplicada hasta la fecha. Advirtió además de que, si el partido de Mariano Rajoy lleva a buen puerto sus planes, perjudicará a un órgano que desde 1980 “ha sido intérprete supremo de la Constitución y lo ha hecho adecuadamente”, por lo que “no necesita ninguna otra atribución para hacer efectivas sus sentencias”.
En declaraciones a Efe, Pascual Sala señaló que la reforma promovida por el Grupo Popular, que abriría la puerta a multar o suspender en sus funciones a cualquier persona o autoridad que incumpla sus sentencias, es “contraria a la más elemental técnica legislativa”. “En un procedimiento de inconstitucionalidad la sentencia es declarativa, no hace falta nada más que el fallo del tribunal”, insistió. Así, toda vez que esta propuesta obedece a “criterios de sospecha, desnaturaliza la función del Tribunal Constitucional”, que “desde 1979 tiene capacidad para hacer cumplir sus resoluciones”.
En una línea contraria, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas avaló la proposición de ley de reforma afirmando que, “si se aprueba”, permitirá “aplicar medidas coercitivas y de ejecución directa de sus propias resoluciones mediante medidas cautelares”, no de castigo o sanción como, según él, se está difundiendo. Explicó que hasta ahora el TC podía imponer medidas de este tipo pero con cantidades “simbólicas, de un máximo de 600 euros”. “Ahora ya se habla de 30.000 euros”, matizó sobre una propuesta que le parece “bien” aunque “se podría haber hecho mejor en la forma”. Según él, al infractor se le impondrán “sanciones de tipo coercitivo y se puede llegar a la suspensión cautelar”, pero “eso no significa que se le castigue con privarle de su condición”.
Rechazo en bloque En el ámbito político, la oposición en bloque se enfrentó ayer al PP y al presidente del Congreso, Jesús Posada, para tratar de frenar la tramitación exprés de esta reforma. La idea partió del PSOE, que pactó con el resto de grupos un escrito dirigido a Posada en el que le piden que reconsidere la decisión que tomó el martes, cuando calificó la iniciativa popular y aceptó su tramitación urgente. Una urgencia que no ven justificada los demás partidos, que insistieron en que la medida es electoralista y supone además un “atropello” a la democracia y al poder legislativo. El propio Posada respondió a los grupos defendiendo su potestad y les aseguró que los servicios jurídicos del Congreso le dieron el visto bueno para calificar la proposición y permitir su tramitación por la vía rápida. Les recordó, eso sí, que pueden pedir a la Mesa que reconsidere la decisión que él tomó de forma delegada.
