BILBAO - La Audiencia Nacional (AN) investigará a todos los jefes de ETA desde octubre de 2004 hasta la actualidad por delitos de lesa humanidad al estimar que su actividad constituyó “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella”. En su auto, el juez Juan Pablo González admite de forma parcial las querellas interpuestas por Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y otras víctimas, y pide a Policía Nacional y Guardia Civil que informen “a la mayor brevedad posible” de las causas abiertas relacionadas con asesinatos o secuestros cometidos por la banda desde el 1 de octubre de 2004, fecha en la que este delito fue incorporado al Código Penal.

El magistrado circunscribe la investigación a este ámbito tras descartar la existencia de genocidio al entender que ello exigiría que el elemento identificador que se trata de exterminar “sea la nacionalidad, la etnia, la raza o la religión”. “En el País Vasco, víctimas y victimarios comparten la misma identidad nacional y tan españoles son unos como otros”, expone. Solicita igualmente que los “integrantes de los órganos directivos de ETA” desde esa fecha sean identificados, señala que la actividad de la banda armada estaba dirigida contra colectivos perseguidos por “razones políticas e ideológicas” y que se buscó su “eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción y el terror”.

Según el juez, sí concurren los preceptos para que los hechos investigados puedan clasificarse como delito de lesa humanidad, que está castigado con penas de entre 20 y 30 años de prisión, ya que los crímenes de ETA tienen “desde sus orígenes” una “finalidad política” y se han dirigido contra “los discrepantes que aparecen ante sus ojos como un obstáculo para la consecución de sus objetivos políticos de independencia, anexión de Navarra y socialismo”. El magistrado de la AN apunta en este sentido que las víctimas han sido en gran medida “militares y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, percibidos como “objetivo militar y fuerzas de ocupación”, así como “militantes y cargos públicos de partidos opuestos a la independencia del País Vasco y defensores de nuestro modelo constitucional de convivencia”, en referencia a UCD, PSOE y PP. Incluye, “en mucho menor número”, a personas “próximas al nacionalismo vasco”, bien por su nexo con la Ertzaintza, “entendida como enemiga de ETA”, bien por su negativa a colaborar económicamente mediante el pago del impuesto revolucionario. Por último, el magistrado precisa que “no puede excluirse la responsabilidad” de los integrantes de los órganos directivos de la banda, que conformaban “una estructura de poder perfectamente organizada” que asumió “la dirección global y la responsabilidades decisorias, con perfecto dominio de la organización”.

doce asesinatos Desde 2004 ETA acabó con la vida de doce personas, tres de ellas en suelo francés, y sus sucesivas cúpulas estuvieron encabezadas por Mikel Albizu, Antza, que fue detenido junto a su compañera sentimental, Soledad Iparagirre, Anboto. Antza fue el dirigente que más tiempo permaneció al frente de la organización desde que asumiera la dirección política en 1993 tras la caída de Bidart. Tras su arresto le relevó José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, cargo que después ocupó el fallecido Francisco Javier López Peña, Thierry, número uno del aparato militar y político, detenido en Francia en mayo de 2008. Le sucedió Garikoitz Azpiazu, Txeroki, que se hizo cargo del aparato militar hasta su arresto en noviembre de ese mismo año. Después, en apenas seis meses se capturó a los nuevos jefes militares: Aitzol Iriondo y Jurdan Martitegi, que cayeron el 8 de diciembre de 2008 y el 18 de abril de 2009.

El primero de los asesinatos en este periodo fue el coche bomba contra la T4 del aeropuerto de Madrid el 30 de diciembre de 2006, que rompió la tregua y en el que fallecieron los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio; mientras que el último, el 16 de marzo de 2011, se cobró la vida del gendarme francés Jean Serge Nérin. En 2007 ETA asesinó a los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en la localidad gala de Capbreton; mientras que en marzo de 2008 acabó con la vida del concejal socialista Isaías Carrasco cuando salía de su domicilio en la localidad guipuzcoana de Mondragón ante la mirada de su mujer y una de sus hijas. El 14 de mayo de 2008 mató al guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón en la casa-cuartel de Legutiano; en septiembre de ese año un coche-bomba provocó la muerte del brigada del Ejército de Tierra Luis Conde; y en diciembre de ese mismo año la banda asesinó en Azpeitia al empresario Ignacio Uria. El 19 de junio de 2009 hizo lo propio con una bomba lapa con el inspector de la Brigada de Información de la Policía Nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga; y en julio de 2009 eligió este método para matar a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Mallorca.